Justicia por Berta Cáceres en la Embajada de Honduras en Buenos Aires.

Greenpeace y el hijo de Berta Cáceres, Salvador Zúñiga Cáceres, en representación del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) realizaron hoy un reclamo en la Embajada de Honduras en Buenos Aires para exigir justicia por el asesinato de la activista. La organización acercó una carta dirigida a la embajadora y expuso un mural del artista Alejandro Dufort, que simboliza la lucha de Berta.

“Estamos aquí para exigir al gobierno de Honduras que impulse una investigación para esclarecer el asesinato de Berta Cáceres junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde Greenpeace estamos apoyando el reclamo del COPINH y la familia y pedimos a los ciudadanos que se contacten con la embajada para reclamar con nosotros justicia independiente para Berta. Ella fue una mujer sin miedo, que se enfrentó al poder y siguió su lucha hasta el final a pesar de los hostigamientos para detenerla”, dijo Leonel Mingo, integrante del equipo de campañas de Greenpeace.

La activista hondureña lideraba el movimiento en defensa del territorio del pueblo Lenca y especialmente la resistencia contra del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. Fue asesinada el 2 de marzo de este año, luego de ser víctima de numerosos actos de violencia y amenazas por parte de agentes estatales y no estatales.

“La asesinaron por entender que esta lucha va mucho más lejos de toda frontera, que este sistema atenta contra la vida de nuestro planeta, que atenta contra las cosmovisiones de este mundo, que nos llama a la indiferencia, a no sentir cada injusticia en este mundo como algo que es injusto para todos, a convencernos de que no estamos juntos, a pensar sólo en nosotros”, dijo Salvador, el hijo de Berta, durante el evento.

                     

El jueves pasado, la argentina Camila Speziale, quién fue detenida hace dos meses en Rusia por protestar contra la explotación petrolera en el Ártico junto a la organización Greenpeace, fue liberada bajo fianza, después de un fallo de la justicia de San Petersburgo.

Después de que Greenpeace pagara las fianzas, la joven se convirtió en la activista N° 11 en salir en libertad: “Yo no estoy tranquila, estoy contenta. Pero tranquila voy a estar el día que me den un pasaje y vuelva a mi casa”, aseguró Camila.

Sobre su estadía en la cárcel, explicó “pasaba de mirar tele, a leer, a quedarme mirando el techo, a escribir. Y así. Y llegaban momentos en que no tenía ganas de hacer nada. Intentaba hacer ejercicios, algo…”.

Además, contó que en la celda estableció una relación con una joven ucraniana de 30 años que había sido detenida por ingresar ilegalmente a Rusia: “Nos enseñamos algo de nuestro idioma. Me decía: “¿Té o café?” o “¿querés ir a la caminata?”. Y pasó que el lunes le dijeron que le extendían la prisión un mes más. Me pasé todo el día conteniéndola mientras lloraba y al otro día me dieron la excarcelación a mí. Yo tengo una organización detrás que se ocupó, que me hacía llegar comida, ropa, cartas. Esta chica no tenía nadie con quien hablar, nada. Lo último que me dijo, con el diccionario en la mano, fue que iba a ser aburrido sin mí. Ahora estoy enviándole parte de la ropa que me mandaron, quiero ayudarla” agregó.

Y finalmente, concluyó: “No soy la misma. Me siento más grande. Haber estado ahí… yo intento buscarle el lado positivo a las cosas. Pensaba que si estaba ahí era por una razón, que tenía que aguantar… y bueno… no sé, pensé mucho en lo que tengo, las cosas simples: mis hermanos, mirar una película con ellos, hacerte un café con leche, mirar a mi viejo caminar por casa, abrir la puerta de casa y salir a la calle. Las cosas del día a día que no se aprecian hasta que estás en un momento feo”.

Este miércoles en Rusia, un británico y una brasileña de Greenpeace fueron culpados por piratería en banda organizada, un delito que puede tener una pena de entre 10 y 15 años de cárcel.

Greenpeace en un comunicado informó: “El camarógrafo del Reino Unido y una activista de Brasil han sido inculpados”.

“Las inculpaciones por piratería no tienen fundamento y no se apoyan en ninguna prueba”.

Cuatro rusos y 26 extranjeros de 17 países diferentes, entre los que hay dos argentinos y la brasileña Ana Paula Maciel, están detenidos desde el 19 de septiembre en Rusia por participar en una acción de protesta en una plataforma petrolera en el Ártico.

El Comité de Investigación ruso, encargado de las investigaciones criminales, inició diligencias por piratería.

Los militantes negaron estas acusaciones y, a su vez, acusaron a Rusia de haber asaltado ilegalmente su barco en aguas internacionales.

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró la semana pasada que “los militantes no son piratas, pero sí que violaron  las normas de la ley internacional”.

Tras estas declaraciones, el comité de investigación indicó que las acusaciones podrían reducirse durante la investigación.

Para el mediodía de este miércoles, cinco personas fueron  acusadas, dijo Greenpeace: Los activistas son Ana Paula Alminhana -brasileña miembro de la tripulación-, el ruso Roman Dolgov, la finlandesa Sini Saarela, el británico Kieron Bryan, y Dima Litvinov, un activista con ciudadanía sueca y estadounidense.

La joven argentina Camila Speziale también  fue acusada de “piratería” por la Justicia de Rusia, junto con otros activistas del grupo ecologista Greenpeace.

Así lo confirmó el director de la filial argentina de la ONG, Martin Prieto, que dijo que aún no está claro si también será acusado por el mismo delito el otro argentino que integraba el grupo, Hernán Pérez Orsi, aunque sostuvo que “hay muchas posibilidades” de que así sea.

“Es una demostración de crueldad por parte del Estado ruso”, juzgó Prieto, en declaraciones a un canal de cable porteño.

Además, sostuvo que la acción de los ecologistas no fue “un acto de piratería como la de los somalíes contra los barcos o los actos de Al Qaeda”, sino una demostración pacífica.

El cargo de “piratería en banda organizada”, del cual fue notificada la joven de 21 años oriunda del barrio porteño de Caballito, implica para la Justicia de Rusia condenas de entre 10 y 15 años de prisión.