Mazzucco denunciado ante la Justicia.

 

Emiliano Eduardo Mazzucco denunciado por extorsión y cohecho en causa Nª 10427/18.

Ampliaremos!

Eduardo M. Rico.

En causa Nº1018/17 está imputado penalmente por delitos de acción pública.

Ampliaremos!!!

Preocupante situación de los presos políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos.

Las comisiones de Mercosur, Asuntos Municipales y Legislación Penal, ésta última presidida por la Diputada Nacional de Unión Pro, Patricia Bullrich, recibieron a dirigentes venezolanos por la preocupante situación de los presos políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos.

Debido a la alarmante actualidad de Venezuela y de Leopoldo López y Daniel Ceballos, las comisiones de Mercosur, Asuntos Municipales y Legislación Penal, recibieron al Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Agustín Berríos y al asesor del Alcalde de Caracas, Edmundo González Urrutia, ex Embajador de Venezuela en Argentina. También fueron parte del encuentro los Diputados Nacionales: Roberto Pradines, Laura Alonso, Christian Gribaudo, Sergio Bergman, Cornelia Schmidt-Liermann y Carlos Brown.

Iniciando la reunión, la titular de la Comisión de Legislación Penal y Diputada Nacional, Patricia Bullrich, afirmó que enviará una carta al Papa Francisco para que interceda por la situación de los presos políticos en Venezuela: “Vamos a enviar una carta al Papa para que trabaje por la libertad de los presos políticos de Venezuela, por la democracia venezolana y por la atención de salud de Daniel Ceballos, quien está al borde de su vida”.

Agustín Berrios, asesor del Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, clamó por el apoyo de toda la región: “La solidaridad internacional es muy importante para nosotros”. “Hay un agravamiento de la situación social y económica del país”, afirmó Berrios acerca de la actualidad de Venezuela. En igual sentido, dijo que: “El Gobierno carece de respaldo popular y ante esta situación, el Gobierno quiere acallar las voces con cesura”.

Cuando tuvo la palabra, el ex Embajador de Venezuela en Argentina, Edmundo González Urrutia, manifestó su intranquilidad por el estado de López y Ceballos: “Fue su moral la que los llevó a realizar una huelga de hambre. Tenemos una especial preocupación por esta cuestión”. Sergio Bergman, representante en el Parlasur y Diputado Nacional por Unión Pro dijo que: “Ya no es una cuestión de solidaridad con Venezuela, sino de responsabilidad con nuestro sistema democrático”.

Por su parte, el Diputado Carlos Brown (FE) sostuvo que: “Quiero manifestar nuestro acompañamiento por la grave situación que está viviendo Venezuela” y añadió “Es lamentable que Argentina sea aliado de países que violan los Derechos Humanos”. A su vez, el Diputado Nacional Christian Gribaudo (Unión Pro) comentó que: “Cuando Lugo fue destituido, a través de un mecanismo constitucional como el juicio político, el kirchnerismo se preocupó y opinó al respecto, pero por Venezuela, un país que está viviendo una dictadura, deciden no expresarse”.

Finalizando el encuentro, la Diputada Bullrich manifestó que también le mandarán una nota al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la preocupante situación de López y Ceballos, quienes se encuentran en huelga de hambre: “Le enviaremos una nota a Maduro haciéndolo responsable de la vida de sus presos políticos”.

LA VIDA NO ES UN DERECHO “IGUALITARIO” ABORTO, FILICIDIO Y EUTANASIA EN EL ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PENAL.

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NOTIVIDA, Año XIV, Nº 917, 18 de febrero de 2014

El jueves pasado la comisión redactora del anteproyecto de Código Penal lo elevó al Ejecutivo. Integraron la comisión técnica que encabezó el juez Eugenio Zaffaroni:el macrista Federico Pinedo, la socialista María Elena Barbagelata, el radical Ricardo Gil Lavedra y el ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanián. 

Algunos puntos preocupantes del Anteproyecto

Aborto. Se avanza con la despenalización del aborto conforme al pronunciamiento de la Corte del 13 de marzo de 2012. Cualquier mujer que diga haber sido violada podrá acceder a la práctica. Se crea de este modo una categoría especial de personas -las que han sido concebidas a raíz de una violación- a las cuales, sin que calidad alguna suya las distinga de otras, se les niega el más elemental de los derechos, el derecho a la vida. Un derecho de rango constitucional que constituye, sin lugar a dudas, el “interés superior del niño” que las disposiciones legales vigentes obligan a proteger incondicionalmente.

Dice el art. 85 proyectado: Aborto no punible. El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: a) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; b) Si el embarazo proviniere de una violación.

Este artículo tiene una disidencia del diputado Pinedo que exige para los casos de violación que se haya iniciado denuncia penal, con la finalidad de evitar los “casos fabricados” que comenzaron a aparecer poco después del pronunciamiento de la Corte (Vid Notivida 835).

Filicidio. Contempla la figura de infanticidio que beneficia a la madre que matare a su hijo durante el nacimiento o bajo la influencia del estado puerperal. Si hoy una madre comete infanticidio, se aplica la pena de homicidio agravado por el vínculo, conforme al art. 80 del Código Penal vigente. El texto propuesto dice: Infanticidio. Se impondrá prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años, a la madre que matare a su hijo durante el nacimiento o bajo la influencia del estado puerperal. Recordemos que"Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley" (Pacto de San José de Costa Rica, art. 24), eso exige que todas las vidas se tutelen con la misma intensidad.

“Homicidio piadoso”. Se contemplan con pena más baja que el homicidio simple algunos casos de eutanasia. Dice el texto elevado:Homicidio piadoso. 1. Será reprimido con prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años, el que causare la muerte a una persona que sufriere una enfermedad incurable o terminal, siempre que estuviere unido a ella por un vínculo de afecto y actuare movido por un sentimiento de piedad ante su pedido inequívoco. 2. El juez podrá, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, eximir de pena.

Destaquemos finalmente que “nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante. Nadie además puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros confiados a su responsabilidad ni puede consentirlo explícita o implícitamente. Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo” (Iura et Bona, n. 2).

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NOTIVIDA, Año XIV, Nº 917, 18 de febrero de 2014

Editores: Lic. Mónica del Río y Pbro. Dr. Juan C. Sanahuja

Marilina Barrios nos debe una explicación.

En la fecha hemos sido amenazados a raiz de una nota realizada POR AMENAZAS PREVIAS, perpetradas desde la línea telefónica 4291-3374.
Esa linea telefónica aparece a nombre de Marilina Barrios, con domicilio en Lavalle 934 de José Marmol.
Se radica denuncia penal.

Carta de los Presos Políticos de Río Negro (detenidos durante el malón en Bariloche)

Difundimos el siguiente comunicado: VIEDMA, 14 DE ENERO 2013. EN ESTE MOMENTO NOS ENCONTRAMOS DETENIDOS EN EL PENAL PROVINCIAL Nº 1 DE VIEDMA, FUIMOS APRESADOS EN NUESTRAS CASAS E INMEDIATAMENTE TRASLADADOS AL PENAL, EN UN VIAJE DE 20 HORAS SIN COMIDA NI AGUA. HOY ESTAMOS EN BUZONES INCOMUNICADOS Y NO HEMOS RECIBIMOS ALIMENTO NI LA POSIBILIDAD DE IR AL A DUCHA O SALIR AL PATIO. QUEREMOS DENUNCIAR AL GOBIERNO PROVINCIAL Y LOCAL POR LA SITUACIÓN SOCIAL QUE SE VIVE EN LOS BARRIOS DE BARILOCHE, LOS FUNCIONARIOS HAN DADO LA ESPALDA AL JUSTO PEDIDO DE DIGNIDAD QUE QUIERE DECIR TRABAJAR, PEDIDO QUE HEMOS ESTADO HACIENDO HACE DIEZ AÑOS. RESPONSABILIZAMOS DIRECTAMENTE AL GOBERNADOR WERETILNECK, AL MINISTRO PALLALEF Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD BERMEJO POR CUALQUIER INCONVENIENTE QUE PODAMOS TENER EN PRISIÓN CON RESPECTO A NUESTRA INTEGRIDAD FÍSICA YA QUE SOMOS PRESOS POLÍTICOS Y NUESTRA CAUSA ES POR LUCHAR CONTRA LA DESOCUPACIÓN Y EL HAMBRE QUE SE VIVE EN LOS ALTOS DE BARILOCHE. LOS POLÍTICOS CON LA COMPLICIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTENTAN DESVIAR EL VERDADERO PROBLEMA, SOMOS LUCHADORES SOCIALES INDEPENDIENTE DEL OFICIALISMO O LA OPOSICIÓN POR ESO ESTAMOS PRESOS, PORQUE NO NOS PUEDEN COMPRAR. LOS SAQUEADORES SON LOS POLÍTICOS QUE LE ROBAN A LOS TRABAJADORES LA DIGNIDAD. DESDE EL PENAL PROVINCIAL Nº1, MIGUEL MANSILLA,COOPERATIVA DE TRABAJO "PRIMERO DE MAYO"

Mataron a otro preso.

MENDOZA Y EL PAÍS

El genocidio continúa (AW) Matías Tello murió en el hospital Central, el Estado lo tenía preso en el penal Almafuerte, Mendoza.Había ingresado el jueves 1º con traumatismo de cráneo y era uno de los acusados por el personal penitenciario como entregador de los videos donde se mostraban torturas y golpes de los agentes. Otra vida que se cobran las càrceles de mala muerte de la Argentina. (Fuente Coordinadora Anticarcelaria) Matías Tello Sánchez murió el pasado 5 de noviembre. Se trata de un preso que se encontraba desde el jueves en terapia intensiva del hospital Central y con respirador artificial al presentar traumatismo de cráneo, con coágulos en la cabeza, situación que era desconocida por la Secretaría de Justicia, aunque ahora desde ese organismo se informó su deceso. Antes de conocer este desenlace su padre había presentado una denuncia penal, a la vez que se constituyó en querellante particular, con la sospecha sobre la existencia "de torturas, mala praxis médico o abandono de persona". Según le contó el hombre a Los Andes, su hijo estaba detenido desde el 22 de marzo del 2010 acusado de un robo cometido en grado de tentativa con uso de armas (ocurrido en la zona de El Carrizal), actualmente a disposición de la Sexta Cámara del Crimen y con un juicio abreviado pactado para el pasado viernes 2, pero que hace unos días fue suspendido. En la denuncia se hace referencia a que Matías estaba alojado junto con su primo Andrés, en las celdas 44 y 48 respectivamente, en el Módulo 5-3 del Complejo Almafuerte, después de haber sido "paseado" por los establecimientos de San Felipe, Tunuyán, otra vez a San Felipe, Almafuerte, una vez más en San Felipe para volver, otra vez a Almafuerte, después de la presentación de diversos hábeas corpus y en donde se denunciaron "las condiciones de detención, los tratos inhumanos y degradantes a los que ha sido sometido" y aquí vale mencionar que Matías Tello Sánchez, era la misma persona acusada por los vigiladores como uno de los que entregaron los videos donde se muestra al personal penitenciario golpeando y torturando a presos, situación que siempre negó. La denuncia Según contó su progenitor, el pasado lunes 29 de octubre su hijo de 21 años estaba "desganado, sin apetito y triste". Un día después se descompuso y lo llevaron a la enfermería para atenderlo. Más tarde lo trajeron de vuelta pero dejándolo en un "cruce" (una especie de retén y donde, curiosamente, el lugar no es tomado por las cámaras de seguridad) para finalmente "encerrarlo casi desnudo y al cuidado de su primo Exequiel Yacante". Horas después y ante el reclamo de los internos de ese módulo y cerca de las 8.30, el joven fue llevado por Yacante, quien lo cargó en sus hombros para dejarlo cerca de la enfermería. En su declaración aseguró que Matías "está inconsciente" y después no lo vio más. Situación que más tarde pudo comprobar personalmente su padre cuando se presentó en el penal y desde la dirección del penal le informaron que había sido llevado al hospital Central, lugar donde falleció ayer en la tarde. Finalmente en el escrito que cuenta con el patrocinio de los abogado Carlos Varela Álvarez y Lucas Lecour, se reclama ante la fiscalía en turno: "La declaración testimonial del joven herido", lo que por ahora es imposible, junto a la versión que pueda brindar Andrés Yacante y otros internos que comparten, aunque en celdas individuales, el módulo 5 del penal de Almafuerte. Sin embargo, ante el deceso del joven ahora serán otros los reclamos contra el servicio penitenciario de la Provincia a la vez que se iniciará una investigación oficial. Eduardo Luis Ayassa

"Sólo quiero que me dejen tener sexo con ella".

PRESOS Y CAUTIVAS CON PADECIMIENTOS MENTALES

"Hace más de un año y medio que sólo la veo vestida. Viene a visitarme al penal todas las semanas. No saben lo linda que es. Me banca siempre. Ahora más que nunca. Me ama como el primer día. Y yo también, quizás todavía un poco más que entonces. En el servicio penitenciario federal sólo me dejan besarla, acariciarla, no mucho más. No puedo cruzar la línea de lo "moralmente correcto". No me lo permiten. Tener sexo con ella, se vuelve -muy a mi pesar- un deseo de imposible cumplimiento". Así comienza el texto de Postay, basado en un historia real. El escrito da cuenta de una prohibición tan absurda como legal, qué impide a los presos/as "locos" la posibilidad de acceder a visitas íntimas. El autor, abogado, también redactó un proyecto de decreto que tendría que promulgar la presidenta CFK para cambiar esta aberración humana que tiene rango jurídico en nuestro país. Más abajo, tras el relato, el proyecto de decreto "del amor, el sexo y la locura". "Hace más de un año y medio que sólo la veo vestida. Viene a visitarme al penal todas las semanas. No saben lo linda que es. Me banca siempre. Ahora más que nunca. Me ama como el primer día. Y yo también, quizás todavía un poco más que entonces. En el servicio penitenciario federal sólo me dejan besarla, acariciarla, no mucho más. No puedo cruzar la línea de lo "moralmente correcto". No me lo permiten. Tener sexo con ella, se vuelve -muy a mi pesar- un deseo de imposible cumplimiento". Cuando estoy con ella en horario de visitas, tentaciones cuasi-pornográficas me abordan por completo. Tiemblo. Transpiro. No logro fijar mi atención, ni en la comida, ni en los regalos, ni siquiera en las novedades del "afuera". Todo es nada. La veo apenas a cinco centímetros de mi cuerpo y casi que ni respondo de mi... A todo esto los guardias me miran inquisidores, como si su objetivo último fuera el control definitivo de cada uno de mis movimientos. ¿Intuirán que me muero por tenerla a solas y en un cuarto cerrado, al menos un par de horas? ¿Sabrán que sueño con sus pechos, con la humedad de su sexo, con sus gemidos? ¿Sabrán que me desvelo pensando en su último orgasmo conmigo? ¿O qué cada vez que me masturbo, en silencio y por las noches, pienso en ella y el perfume delicado de su ropa interior? Probablemente sí, pero sospecho que poco les importa. Una tarde, al finalizar una actividad programada con la gente de Caritas, se me ocurrió preguntarle a uno de los guardias el porqué de semejante decisión. Si toda la población carcelaria goza del derecho a "visitas sexuales", qué hice yo -y el resto de mis compañeros- para no poder satisfacer algo tan elemental como mis impulsos eróticos. Su respuesta me llenó de ira. Me miró con sorna, de los pies a la cabeza, hizo una pausa, respiró con cierta dificultad y con voz chillona y petulante dijo: "Vos estás loco querido, y los locos no cogen. Acá la normativa es clarísima. Vos no sos un preso común. Vos sos un loquito peligroso y hay ciertas cosas que no vas a poder hacer jamás. ¿Te quedó claro? Ahora seguí con lo que estabas haciendo, y no me jodas más con tus preguntas de pajero." Por un minuto pensé en asesinarlo. Aún no sé cómo hice para contenerme. Quizás saber que mañana ella iba a visitarme, pudo más que cualquier provocación uniformada. Además de qué sirve matar a este microbio, cuando todo el sistema parece estar en mi contra. Puta madre que los parió. A veces no entiendo ni siquiera para qué escribo cosas como estas. Ricardo, el preso con más experiencia de todo el pabellón me sacó todas las dudas apenas unos minutos después. Leer con atención el artículo 68 del Anexo I del Decreto N° 1136/97, reglamentario de la ley de ejecución penal, N° 24.660 fue para mí una puñalada". "Mi libertad, mi condena... mi espina siniestra, el sinsabor del mañana conocido... un reloj sacudiendo mis impulsos y un tocadiscos recitando mis miserias una y otra vez...Sobredosis incoherente de mis musas... torbellino sosegando mis almohadas... migaja sumisa de un pan para pocos... arteria simulada sin sangre y sin oxígeno. A vos corazón que latís a medias, a vos que sabés que todo pasa... Me aparto un segundo para hablar con el tiempo; nuevamente mil peleas entre dos hombres sin cuerpo..., fracasados sin revancha... aturdidos por el cielo imprevisible de los ceros... ¿Cuál es la razón de tu designio "maldito gigante de piedra y acero"? ¿Cuál es tu antesala, tu argumento "subsuelo pantanoso que hoy me aturde"? Suspirá... mirame fijo... concentrate... falta menos..." Maximiliano Postay XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Decreto que debería promulgar Cristina FernándezEl artículo 68 del ANEXO I del Decreto N° 1136/97 expresa literalmente que: "No podrá recibir la visita de reunión conyugal (también llamada visita sexual, intima o higiénica -paréntesis mío-) el interno alojado en establecimientos o secciones especiales de carácter asistencial, médico, psiquiátrico o en los que se desarrollen regímenes terapéuticos especializados". Afirman que la razón de esta medida es que el sexo puede descompensar al "preso loco" o desviar el objetivo y/o la continuidad de su tratamiento. Para todos aquellos especialistas que vociferan lo antedicho vaya el mayor de mis repudios. Su ortodoxia, insensibilidad y patetismo me dan asco. Vergüenza ajena. Algo tan arbitrario e injustificado como eso no puede mantenerse en el ordenamiento jurídico vigente ni un minuto más. Modificar esto no es para nada difícil. No hacen falta revoluciones, trincheras tira-bombas ni actos heroicos. Sólo la redacción de un pequeño decreto presidencial que derogue la normativa citada -y junto con ella, cada uno de los preceptos que hagan algún tipo de diferencia explícita entre los presos que tienen algún problema emparentado a la salud mental y los "presos cuerdos"-. Puñado de vistos, considerandos y tres o cuatro artículos que -más o menos- podrían verse así... Con ustedes el decreto "del amor, el sexo y la locura"... a militarlo... Proyecto de Decreto Reglamentario. Ley 24.660. Ejecución de la pena privativa de la libertad para personas afectadas en su salud mental Visto la ley nacional N° 24.660, con sus modificatorios y complementarios; los decretos reglamentarios de la ley N° 24.660, N° 18/97, 1058/07, 1136/97, 396/99 y 1139/00; el decreto N° 457/10, la ley nacional N° 26.657. Considerando Que en nuestro país la protección de los derechos humanos de las personas con algún tipo de padecimiento o trastorno en su salud mental ha cobrado especial relevancia en los últimos años, adquiriendo inéditos niveles de difusión y desarrollo. Que prueba de lo antedicho resulta la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, en el marco de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, a través del decreto presidencial N° 457/10; y especialmente la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental, N° 26.657. Que del espíritu de dicha normativa se deduce un notable cambio de paradigma, a partir del cual el contexto socio-cultural del afectado, su humanidad y existencia psico-física, su autonomía, y principalmente la ya mencionada protección sine qua non de sus derechos fundamentales, relegan a un plano netamente residual -cuasi anecdótico- vetustos criterios médico-positivistas, a través de los cuales la alienación, el encierro y/o el segregamiento del "loco peligroso" eran escenarios harto habituales. Que a raíz de lo expuesto la salud mental debe interpretarse necesariamente en un sentido amplio "como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona" (Art. 3, párrafo 1, Ley N° 26.657); incluyendo el abordaje integral de todo tipo de adicciones (Art. 4, Ley N° 26.657). Que dichas transformaciones normativas alcanzan a todas las personas con padecimientos mentales, incluso a aquellas que por cualquier razón, causa o motivo se encuentren privadas de su libertad. Que desde la Comunidad Internacional dichos criterios son ampliamente respaldados; véase en este sentido especialmente lo estipulado por la "Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" y por los "Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental"; y en líneas generales la normativa internacional tendiente a impedir todo tipo de trato discriminatorio, sectario y/o excluyente. Que la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, N° 24.660 viene a regular la convivencia de los internos alojados en establecimientos pertenecientes a la órbita del Sistema Penitenciario Federal. Que dicha ley ha sido reglamentada en varias oportunidades por el Poder Ejecutivo de la Nación, con el objetivo abierto y manifiesto de darle mayor operatividad práctica a sus lineamientos generales; véase los decretos presidenciales N° 18/97, 1058/97, 1136/97, 396/99 y 1139/00. Que varias de esas reglamentaciones alcanzan hipótesis fácticas vinculadas a personas privadas de su libertad con alguna problemática emparentada a su salud mental; perjudicando en los hechos abiertamente a este sector, no obstante las buenas intenciones teóricas que en su momento se pudieron haber tenido. Que bajo ningún punto de vista tener una problemática vinculada a la salud mental en un ámbito de encierro con las características que poseen los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, puede ocasionar un desmedro extra y/o adicional a la restricción natural a la libertad ambulatoria, que de por sí supone un castigo de tipo penal. Que la prioridad y objetivo principal de la sanción penal a efectivizarse en un establecimiento penitenciario, debe ser la posterior inclusión social de las personas que la padecen; especialmente cuando se trate de sujetos con evidentes rasgos de vulnerabilidad socio-cultural, tal es el caso de aquellos doblemente estigmatizados por su condición de "presos" y "enfermos mentales". Que mantener normativas tendientes a fragmentar arbitrariamente a la población carcelaria entre "enfermos mentales" y "no enfermos mentales", en palpable perjuicio de los primeros, además de contrariar el nuevo paradigma referido, supone un inadmisible caso de discriminación estructural ejercida por las propias instituciones del Estado. Que a los fines de finiquitar dicho estado de situación institucional resulta imperioso derogar la normativa específica que presente estas falencias. Que han tomado la intervención que les compete los servicios jurídicos de las jurisdicciones involucrados. Que la presente medida se dicta en el ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional. Por ello; La Señora Presidenta de la Nación Argentina Decreta: Art. 1°: Las personas privadas de su libertad que presenten alguna afectación en su salud mental, en los términos previstos en la Ley Nacional de Salud Mental, N° 26.657, no obstante su estado de situación judicial y/o el establecimiento de detención en el que se encuentren alojados, gozarán de los mismos derechos y beneficios que el resto de la población carcelaria. Art. 2°: Deróguese el Artículo 68 del ANEXO I del Decreto N° 1136/97. Art. 3°: Deróguese el Artículo 73 del Anexo I del Decreto N° 396/99. Art. 4°: A los fines de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos precedentes los establecimientos penitenciarios destinados al alojamiento de personas con alguna problemática emparentada a la salud mental, previo impulso de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, deberán procurar adaptar sus instalaciones edilicias, sus organismos de aplicación y la organización interna de sus recursos humanos y materiales, en un plazo no mayor a 60 días desde la publicación en el Boletín Oficial del presente decreto; dejándose sin efecto en forma inmediata cualquier disposición administrativa que contraríe directa o indirectamente lo aquí establecido. Art. 5: Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

El jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, pidió nuevamente el traspaso de la Policía Federal al gobierno porteño y aseguró que la Policía Metropolitana no cuenta con los agentes necesarios para garantizar la seguridad en los subtes.

Larreta indicó que el Gobierno de la Ciudad se enteró “por los medios” de la decisión de Garré, y consideró: “la seguridad en la ciudad de Buenos Aires en su conjunto es responsabilidad de la Policía Federal más allá de la red de subtes”.

“El subte requiere una importante cantidad de policías, yo no entiendo bien si el Gobierno nacional quiere retirarse de la Ciudad en la seguridad, porque sino no se explica esto, pero esperamos discutir esto en los noventa días”, dijo.

Finalmente, Larreta advirtió que la Ciudad de Buenos Aires “no tiene la cantidad suficientes de efectivos en la Policía Metropolitana”.

Se necesitan en total 250 oficiales para custodiar todas las estaciones del transporte subterráneo.

Garré dijo que “el 15 de enero tomamos la decisión de hacer el traspaso de la seguridad de los subtes en forma progresiva, decisión que el ministro Montenegro conocía, ya que el 20 de enero se llegó a un acuerdo en una reunión que mantuvo con Raúl Garré, jefe de gabinete de este ministerio”.

Asimismo, declaró que la Federal “debe ocuparse, nada menos y nada más, que de delitos federales, delitos contemplados en el Código Penal, como narcotráfico o trata de personas, por ejemplo, y de la custodia y seguridad nacional”.