viernes, 19 de septiembre de 2014

Ley que prohíbe en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda clase de publicidad, promoción y patrocinio del consumo de juegos de azar o la realización de apuestas.

política

La Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Inés Gorbea presentó un proyecto de Ley que prohíbe en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda clase de publicidad, promoción y patrocinio del consumo de juegos de azar o la realización de apuestas, por parte todas las empresas privadas que exploten esta actividad, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión de comunicación local y/o publicidad estática o gráfica.

El texto prohíbe que las empresas privadas relacionadas con el sector puedan promocionar su negocio en los medios de comunicación y en la calle, y sólo les habilita publicitarse en las salas de juego y apuestas. Sin embargo, en estos últimos casos, deberán incluir una leyenda relacionada con la peligrosidad de la ludopatía.

De esta manera, quedaría derogado el artículo 12 de la ley 538 que rige en el ámbito porteño en donde queda claro que la publicidad sobre productos del sector “debe limitarse a la información básica sobre las modalidades y montos y el destino de su resultado económico, y alertar sobre las consecuencias”. “Considero que este intento de regulación es insuficiente por lo cual debe derogarse y establecer la prohibición de toda publicidad acerca de juegos de azar”, argumentó Gorbea en su proyecto.

Este proyecto también prohíbe que una empresa de este sector auspicie un evento público. Las multas para quienes no cumplan la norma irían desde 1 a 10 millones de pesos.

“La actividad publicitaria posee dos fines específicos: por un lado el de informar y, por otro, un fin instrumental persuasivo de tipo comercial, esto es, vender el producto”, difinió la Legisladora “Creemos que el objeto de esta publicidad apunta a estimular una actividad disvaliosa para una sociedad”.

“La ludopatía altera el comportamiento y como cualquier otra conducta adictiva, debe ser considerada un problema de salud pública que concentre la preocupación y atención de una variedad de actores sociales: especialistas, empresarios del sector, organizaciones no gubernamentales, organismos del Estado y la población en general”, pidió Gorbea en el proyecto presentado en el día de ayer.

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