Lo ocurrido en los '70s
Golpe y Dictadura ¡cívico-militar! pues fue reclamado a los militares por todos los partidos políticos, y por la Confederación General del Trabajo y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas.
Asimismo, dado el desarrollo paramilitar alcanzado en 1975 por el terrorismo marxista en su guerra revolucionaria (Tucumán, Formosa, Monte Chingolo), y el vacío de poder inherente al esperpéntico gobierno de María Estela Martínez de Perón, la intervención militar fue recibida con alivio por las Asociaciones Empresariales y Profesionales, la Iglesia Católica, toda la prensa, y el Partido Comunista que propuso al general Videla formar un gobierno cívico-militar y mantuvo excelentes relaciones con la primera Junta porque la URSS estaba comprando millones de toneladas de trigo. [Argentina no acató el bloqueo de EE.UU. a las exportaciones de granos a la URSS por su intervención en Afganistán]. También por intelectuales de izquierda como Sábato, que almorzó con Borges y el general en la Casa Rosada en fecha tan temprana como mayo del 76; y en 1978 declaró que "la inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder". Así esta registrada la historia argentina de esos años, para desgracia de la izquierda amnésica.
Represores
¡Por supuesto… faltaba más! Hubiera sido inconcebible que el Estado y sus Fuerzas Armadas no reaccionaran ante aquella situación cortando de raíz lo que ya era una incipiente guerra civil, orientada a la toma del poder para implantar un Estado totalitario con un régimen de parti-do único que gestionaría la dictadura del proletariado.
Secuestro y asesinato, opositores políticos, luchadores populares
En absoluto. La represión no se dirigió contra "ciudadanos que… a partir del golpe… se opusieron a la dictadura militar y a sus políticas neoliberales", como intoxican las izquierdistas ONG’s de derechos humanos dirigidas por antiguos terroristas; sino contra el terrorismo marxista que -desde 1969- venía desarrollando una guerra revolucionaria abocada a destruir violentamente la tradicional estructura económica, social y política de la nación. O sea: contra los miembros de organizaciones armadas que querían conquistar el poder y proclamar una República Argentina Socialista.
Y no hubo secuestros y asesinatos, sino capturas y ejecuciones de terroristas; en el marco de la contraofensiva del Estado iniciada el 6 de octubre de 1975 por orden de un gobierno constitucional, mediante el Decreto Ley 2772 que ordenó a las FF.AA. "aniquilar la subversión". Es decir, operaciones inequívocamente legales, antes y después del 24 de marzo de 1976, contra miembros de ejércitos insurgentes encuadrados en rangos que iban de Sargento a Comandante en el ERP, y de Subteniente a Comandante en el Montonero. Y en sus Partidos, de Colaborador a Miliciano y de Colaborador a Oficial Superior respectivamente.
Centros clandestinos de detención
Clandestinos, secretos… ¡obviamente! Como no podía ser de otra manera tratándose de operaciones contraterroristas, cuyo accionar debía ser tan secreto como el del enemigo. Constituye el colmo de la estupidez imaginar que éste pudiera conocer la ubicación de tales centros para asaltarlos, liberar a los suyos y asesinar a sus guardianes.
Por otra parte, no eran centros de detención, sino de interrogatorios a cargo de oficiales de Inteligencia que procesaban la información obtenida y planificaban nuevas capturas. En las guerras no se "detienen" enemigos, se hacen prisioneros.
Torturadores
“La tortura es una anécdota. Cualquiera es capaz de torturar en una situación extrema. Si ellos hubieran peleado con el Código (Penal) bajo el brazo, perdían la guerra.”Rodolfo Galimberti
Capitán del Ejército Montonero. Jefe de la Columna Norte - Buenos Aires.
Difícil resumir mejor la guerra contrarrevolucionaria argentina. En efecto, desde el punto de vista histórico-militar, torturar al enemigo para obtener información es anecdótico en tanto que inevitable; un elemento más en el catálogo de horrores de toda guerra. Y tratándose de una guerra contra organizaciones subversivas que aterrorizan, secuestran y asesinan a la población civil, poder capturar en pocas horas a otros terroristas para evitar más muertes de inocentes y localizar armas y explosivos, legitima el uso de cualquier procedimiento. Así son las guerras: todo o nada; aniquilación total de la fuerza enemiga en el menor tiempo posible y con pocas bajas.
Repudiar su práctica desde una "bella conciencia" civil, y en tiempos de paz, sólo puede deberse a una hipocresía políticamente funcional, o a la ignorancia de la historia universal. Por lo tanto, abordar la cuestión desde enfoques morales y jurídicos exteriores en tiempo y espacio a un escenario de guerra concreto, carece de sentido, porque todos los discursos acaban inexorablemente en una retórica pueril destinada a tapar malas conciencias y silencios cómplices.
La mala conciencia de la izquierda argentina que nunca condenó el terrorismo de Estado y su uso sistemático de la tortura, en las dictaduras comunistas. Con la particularidad de que esos regímenes reprimían, y lo siguen haciéndo (Cuba-China) a civiles que reclamaban libertad y democracia; mientras que durante la guerra revolucionaria argentina las fuerzas armadas y policiales se enfrentaron a terroristas alzados en armas contra el Estado (durante gobiernos constitucionales y de facto), encuadrados en bandas criminales con estructura y armamento paramilitar, y con el objetivo de tomar el poder para implantar un régimen totalitario de partido único: "la Patria Socialista".
Por otra parte, los casos probados de tortura fueron muy pocos. Los testimonios de terroristas sobrevivientes -no ejecutados, gracias a su colaboración con las fuerzas del Estado- carecen, por razones obvias, de toda credibilidad.
Y las organizaciones de Derechos Humanos, todas ellas fundadas por antiguos terroristas y subvencionadas por los gobiernos Kirchner, silencian que las bandas marxistas torturaban a sus prisioneros en las "cárceles del pueblo". Quien lo dude, sólo tiene que leer el informe de la autopsia al Coronel (post-mortem) del Ejercito, Del Valle Larrabure, salvajemente torturado durante un año y finalmente estrangulado, por los "jóvenes idealistas" del ERP.
Campos de concentración y exterminio
Con esta metáfora se pretende homologar los CCD con los campos de exterminio nazis. Pilar Calveiro, terrorista montonera colaboradora del Servicio de Información Naval que la liberó de la ESMA y le compró un billete para Madrid, luego escribió un librito -con prólogo de Juan Gelman- desde una metáfora-Auschwitz que se plasmó en esas insólitas y delictivas apologías del terrorismo contra el Estado que son el Museo de la ESMA y el Parque de la Memoria. Únicas justificaciones estatales al terrorismo existentes en el mundo, co-financiadas por el Poder Ejecutivo e inauguradas por el presidente Kirchner. Para estupor de la prensa internacional y cancillerías.
La metáfora de Lagers y una Nacht und Nebel argentinos es sencillamente fantástica. No hubo "campos". Ni de concentración (por lo general el terrorista permanecía en el CCD dos semanas); ni de exterminio, pues a continuación era ejecutado con una inyección de Pentotal durante los vuelos de la muerte, o fusilado en bosques y sitios despoblados.
Patotas
Otra metáfora, destinada a criminalizar las instituciones militares y policiales llamándolas "asociaciones ilícitas". Los efectivos de los Grupos de Tareas no eran ni matones ni sicarios, sino funcionarios del Estado. Que encuadraran a unos pocos civiles ultraderechistas no desmiente lo anterior.
Desaparecidos
La desaparición de los cadáveres de los terroristas ejecutados constituía la última fase del programa operativo, y por lo tanto, formaba parte de su secretismo y ocultación general. Esta palabra fue acuñada por la izquierda para combinarla con la de "opositores políticos".
Genocidio
Slogan vinculado a la metáfora-Auschwitz. Obviamente no existió tal cosa, pues genocidio significa exterminar etnias raciales, religiosas y culturales. También toda una clase social: revoluciones francesa, rusa y china. O los bombardeos de ciudades por parte de los Aliados durante la segunda guerra mundial, que en Hamburgo, Dresde, Berlín, Hiroshima y Nagasaki masacraron 300.000 civiles, más 600.000 con bombas convencionales en otras ciudades japonesas. La palabra genocidio, por lo tanto, es esencialmente aritmética, nombra exterminios en masa de civiles.
Entre 1976 y 1978 inclusives (luego hubo pocos casos), y según la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de los gobiernos izquierdistas Kirchner, en Argentina hubo 6.000 terroristas desaparecidos. La cifra corresponde a las denuncias por desaparición forzada de personas presentadas por sus familiares para obtener una indemnización de 250.000 Dólares. Y se trata de una lista ya de por sí plagada de manipulaciones y estafas: incluye a personas asesinadas por razones políticas desde el año ¡1955! A terroristas de los 70' que murieron en combate y sus cadáveres fueron entregados a la familia (Fernando Abal Medina, Raúl Yaguer, los caídos en ataques a cuarteles del Ejército, en los montes de Tucumán, etc.); a fusilados por sus organizaciones por traición (Haymal, y otros); e incluso a algunos que "aparecieron" en Israel y México. También figuraron durante años en las listas, nada menos que el Fiscal General del Estado, Esteban Righi, la jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay Molina, y el juez (tres notables coincidencias profesionales) Alfredo Humberto Meade.
Como la lista oficial y definitiva de 6.000 casos dejó en ridiculo el mito de los famosos 30.000, las bien financiadas organizaciones de derechos humanos han añadido al Muro del Parque otros 3.000 nombres de denuncias no acreditadas que sacaron de la chapucera lista confeccionada por la CONADEP en 1984, en la que se incluyeron nombres y apellidos sin número de documento de identidad, y alias o nombres de guerra como "Betty" o "Cacho". Así construye su Memoria, Verdad y Justicia la izquierda argentina. Multiplicando por cinco sus rentables muertos de 250.000 USD. Y resucitándolos en las Elecciones, como los hijos de la siniestra Bonafini que después de treinta años siguen dados de alta en el Padrón Electoral.
Delitos de Lesa Humanidad
Esta es la mayor estafa jurídica cometida por la izquierda filoterrorista y los dos gobiernos Kirchner. Elaborada por el montonero y actual Procurador General de la Nación Esteban Righi, el mismo que en 1973, siendo ministro del Interior del gobierno montonero presidido por Héctor Cámpora, sacó de las cárceles a 1.100 terroristas juzgados con todas las garantías procesales.
El texto conocido como Estatuto de Roma, sobre el que se fundó la Corte Penal Internacional, dice en su artículo 7º que deben ser calificados como de lesa humanidad (no prescriptibles) los ataques y crímenes contra la población civil cometidos por organizaciones, estatales y no estatales. Por lo tanto, los actuales juicios, únicamente a militares y policías, son de una manifiesta ilegalidad internacional. Y nacional, pues el delito de lesa humanidad no está contemplado ni en Código Penal ni en la Constitución. El Estatuto está disponible en Internet.
Por lo demás, si las actuaciones de las fuerzas armadas y policiales del Estado en el curso de la contraofensiva hubieran sido delictivas (algo que competería juzgar exclusivamente a la justicia militar con su código) no pudieron serlo contra la "población civil", ya que sus operaciones se dirigieron precisamente contra grupos armados irregulares que cometían ataques terroristas contra la población civil. El civil que ingresa en grupos armados irregulares en guerra contra las fuerzas del Estado, sea como combatiente o utilizando como tapadera una militancia legal (sindicalismo, activismo estudiantil, etc.) pierde su condición de tal y sólo puede esperar dos cosas: morir en combate o ejecutado.
Demás está decir, que la Doctrina-Righi ha sido diseñada con el objetivo de hacer efectiva la venganza de los antiguos terroristas y garantizarles su impunidad penal. Y que la "dictadura militar" no practicó terrorismo de Estado, sino justamente todo lo contrario: contraterrorismo de Estado. Siete años después de iniciada la guerra revolucionaria marxista.
Los slogans aquí citados, demuestran cómo se articula la construcción de la "memoria histórica" izquierdista. Son las armas semánticas de una guerra de propaganda destinada a confundir a la opinión pública internacional y a los niños y adolescentes argentinos. Se persigue, en definitiva, negar la Historia mediante una perversa inversión de roles, convertir a los terroristas contra el Estado en víctimas de lo que llaman terrorismo de Estado y en apóstoles de los derechos humanos. Ocultar que durante la década setenta del siglo XX la izquierda desencadenó una sangrienta guerra revolucionaria contra la sociedad argentina y el Estado, como admitió la Causa 13-84 de la Cámara Federal que juzgó y condenó a las Juntas militares que gobernaron a partir del 24 de marzo del 76.
Jorge Fernández Zicavo
Adenda
La histórica sentencia precisó además que:
"Ya ha quedado suficientemente demostrado, al punto de caracterizarlo como un hecho notorio, que ese fenómeno delictivo asoló al país desde la década de 1960, generando un temor cada vez más creciente en la población, al par que una grave preocupación en las autoridades.
También está fuera de discusión que a partir de la década de 1970 el terrorismo se agudizó en forma gravísima, lo que se manifestó a través de los métodos empleados por los insurgentes; por su cantidad; por suestructura militar; por su capacidad ofensiva; por su poder de fuego; por los recursos económicos con que contaban provenientes de la comisión de robos, secuestros extorsivos y variada gama de delitos económi-cos; por su infraestructura operativa y de comunicaciones; la organización celular que adoptaron como modo de lograr la impunidad; por el uso de la sorpresa en los atentados irracio-nalmente indiscriminados; la capacidad para interceptar medios masivos de comunicación; tomar dependencias policiales y asaltar unidades militares.
En suma, se tiene por acreditado que la subversión terrorista puso una condición sin la cual los hechos que hoy son objeto de juzgamiento posiblemente no se hubieran producido.
Además, el Tribunal también admite que esos episodios constituyeronuna agresión contra la sociedad argentina y el Estado, emprendida sin derecho, y que éste debía reaccionar para evitar que su crecimiento pusiera en peligro la estabilidad de las instituciones asentadas en una filosofía cuya síntesis, imposible de mejorar, se halla expuesta en la Constitución Nacional".
(...) "En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso, especialmente documentación secuestrada, y a las características que asumió el fenómeno terrorista en la República Argentina, cabe concluir que dentro de los criterios clasificatorios que se vienen de expresar, éste se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria".
Fuente: Termidorianos
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