Cristina Kirchner en la ONU.

La Argentina en las Naciones Unidas
En su reciente intervención desde el podio de la asamblea general de las Naciones Unidas, nuestra presidenta abordó no sólo los temas habituales (esto es, esperados), como la reivindicación de nuestro reclamo soberano sobre las islas Malvinas, sino otras dos cuestiones puntuales, sobre las que vale la pena meditar.

Por Emilio J. Cárdenas


La primera de ellas fue la relativa al ofrecimiento a Teherán de la posible elección (consensuada) de un tercer país para continuar allí la investigación sobre el atentado terrorista a la AMIA, hoy semiparalizada. Para ello, ofreció la posibilidad de elegir "un tercer país u órgano, para terminar con las excusas de la no neutralidad".

Con esa propuesta no se inventó, ciertamente, la pólvora. En los últimos tiempos, estos mecanismos jurisdiccionales híbridos han sido utilizados por la comunidad internacional con alguna frecuencia. No sólo en el caso de Lockerbie (entre Libia y Escocia), relativo al atentado perpetrado contra el vuelo Pan American 103, que supuso el desplazamiento de la justicia escocesa a sesionar en Camp Zeist, Holanda. También los casos del Líbano, Camboya, Sierra Leona, Timor Oriental y algunos otros. Cada uno de ellos con sus características propias, naturalmente, desde que no hay situaciones idénticas.

El mensaje anunciado es abierto. Podríamos, dijo en buen romance, convenir desplazar la justicia argentina a un tercer Estado y continuar allí (con ella) el proceso judicial ya iniciado. O, aparentemente, podríamos también dejar de lado nuestra justicia y elegir otro mecanismo jurisdiccional que la reemplace, lo que es bien distinto y supone nada menos que dejar de lado la jurisdicción soberana que nos corresponde, tanto conforme el derecho internacional como el derecho interno, por igual.

La propuesta, si fuera aceptada, implica resolver complejidades importantes, como las de asegurar (I) la cobertura de los importantes costos consiguientes; (II) la disponibilidad de los testigos y demás medidas probatorias; y (III) la necesidad de no comprometer la posición ni los derechos de las víctimas y de sus familiares. Pero es todavía temprano para elaborar sobre ellas, cuando aún no se sabe cuál va a ser la actitud de Irán.

Llamó poderosamente la atención que los aliados estratégicos de Irán en la región, como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que tienen una conocida intimidad con nuestras autoridades, no salieran (debidamente alertados previamente) en inmediato apoyo de la oferta argentina, como ocurriera en la FAO.

La segunda cuestión tiene que ver con la extremadamente dura crítica al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sólo empardada (apenas) por Evo Morales, quien, desde el mismo podio, propuso enfáticamente transformar las Naciones Unidas en un "organismo internacional anticapitalista", lo que es difícil que ocurra. La presidenta sostuvo (muy suelta de cuerpo) que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad "pueden violar sistemáticamente el orden jurídico internacional", razón por la que "no hay posibilidades de paz y menos de seguridad mundial". Por ello, planteó "la necesidad de reformular el Consejo de Seguridad".

Cabe destacar que (casi simultáneamente) el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sostuvo la necesidad de que Brasil sea miembro permanente del Consejo de Seguridad, lo que no es lo que la implícitamente desairada Argentina propugna. Ni, menos aun, la política que, al respecto, sigue nuestro país en la organización multilateral.

La dureza del discurso presidencial hizo olvidar a la presidenta, entre otras coas, el papel absolutamente esencial que tuviera el vilipendiado Consejo de Seguridad en el caso Lockerbie y en casi todos los otros casos similares que han sido mencionados más arriba. La pasión no es buena consejera. Sirve, quizás, para llamar la atención, pero el problema es, siempre, el contenido de lo que se dice. Esto es, la sustancia del mensaje que se envía.

Mientras esto ocurría en Nueva York, la exploradora petrolera británica Rockhopper aseguró que podría extraer unos 1.000 barriles de crudo de las aguas aledañas a las islas Malvinas. Si, más allá de la retórica fácil, se tuviera mejor en cuenta la labor concreta del Consejo de Seguridad (por ejemplo, en la crisis del Sahara Occidental), se encontraría alguna opinión legal sobre explotación de recursos naturales que quizá podría ser útil en la emergencia. Pero hay que querer (y saber) mirar. En lugar de dedicarse a demonizar, dividir y fustigar, como, lamentablemente, es habitual.