Hugo Moyano rumbo a la cárcel.

Cualquiera puede ser el próximo

Martín Rodríguez Yebra
LA NACION

Eduardo Duhalde se movilizó como pocas veces desde que dejó la Presidencia para defender a Gerónimo Venegas, el sindicalista más identificado con él. Habló con peronistas, radicales y macristas en busca de respaldo para instalar la idea de una persecución del Gobierno contra los opositores, ejecutada por el ubicuo juez Norberto Oyarbide. Habló también con oficialistas y con allegados al jefe de la CGT, Hugo Moyano.De un minuto para otro, la inusual foto de un dirigente opositor esposado y rodeado de policías puso al rojo vivo el clima electoral.

La oposición se sumó previsiblemente a la teoría conspirativa. Pero, en el máximo sigilo, la caída de Venegas causó un alboroto acaso mayor en otros terrenos cercanos al kirchnerismo. Sobre todo en el mundo sindical, los grandes jefes saben que cualquiera puede ser el próximo.

En el enorme cúmulo de expedientes judiciales sobre la denominada mafia de los medicamentos hay pruebas que pueden comprometer desde Moyano a los históricos Gordos. Cerca de 80 obras sociales están sospechadas de haber participado del fraude al Estado y a sus afiliados descubierto hace tres años. Ya había caído preso el bancario Juan José Zanola (cercano a los Kirchner hasta esta desgracia judicial). Y en las últimas horas quedó procesado por delitos gravísimos el hombre que recaudó el dinero de las campañas del oficialismo de 2003 a 2007, Héctor Capaccioli.

La paz en el oficialismo nunca será completa si un aliado tan pesado como Moyano sospecha que lo están amenazando con la cárcel, razonaba ayer un experimentado dirigente que hoy milita en el kirchnerismo.

La lógica de Oyarbide y su altísimo protagonismo alimentan la lectura política que quieren instalar los opositores al Gobierno. El juez carga con ser el hombre que cerró sin mirar demasiado la investigación sobre el notable incremento patrimonial del matrimonio Kirchner y el que procesó en tiempo récord a Mauricio Macri por el caso de las escuchas ilegales en la ciudad. Horas antes de detener por sorpresa a Venegas había procesado por delitos gravísimos a Capaccioli, sin considerar que mereciera la cárcel. Para colmo Venegas estaba en la mira del Gobierno desde hace semanas, bombardeado por denuncias de avalar el trabajo rural "en condiciones de esclavitud".

En la Casa Rosada intentan despegarse del juez: recuerdan que también impulsó las causas de corrupción que involucran al ex secretario Ricardo Jaime y que ayer mismo procesó a dos funcionarios en actividad por los fondos de campaña. Es cierto también que cada vez que complicó a un oficialista, avanzó luego contra un opositor. ¿Coincidencia o una curiosa ley de las compensaciones?

Más allá de la furia opositora, la investigación nunca podrá ser benévola para el Gobierno. En el fondo, lo que sale a la luz con la causa que tiene a Venegas en la cárcel es un enorme fraude al Estado en el que intervinieron altos funcionarios públicos, empresarios ligados al poder y sindicalistas, en una trama que incluyó financiación ilegal de la política y crímenes mafiosos.

Algunos kirchneristas recelaban de la imagen de Duhalde victimizado, tal vez en un último aliento para reflotar una candidatura presidencial desinflada. Y miraban sin demasiada alegría un escenario inminente de protestas sindicales y movilización opositora en defensa de Venegas. Todo potenciado por la creciente pelea interna del oficialismo, en la que la guerra fría con Daniel Scioli es apenas la cara visible.

Unos y otros comparten una certeza: los movimientos impredecibles del juez Oyarbide podrán convertirse en un factor decisivo de la pelea por el poder que acaba de comenzar.