Según fuentes oficiales, el ministro de Planificación, Julio de Vido, se comunicó vía telefónica con altos directivos de Movistar, Claro y Personal para frenar los ajustes.
El funcionario conversó con Andrea Mangoni, de Telecom; Luis Blasco, de Movistar, y el magnate mexicano Carlos Slim, propietario de America Movil, dueña de Claro.
La decisión del Gobierno fue celebrada por organismos de defensa del consumidor, que suelen recibir numerosas quejas de parte de usuarios por fallas en la prestación del servicio y errores en la facturación de parte de las compañías de telefonía móvil que operan en el país.
Después de la charla con De Vido, Movistar confirmó en un comunicado la suspensión de la aplicación del aumento de precios que tenía previsto, en su caso, a partir del 23 de marzo próximo.
“Esta decisión responde a un pedido del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (…) La empresa había anunciado esta semana que los precios de algunos de sus planes tendrían un ajuste promedio del 9,5 por ciento”, indicó la compañía del Grupo Telefónica.
En las charlas telefónicas, funcionarios y empresarios acordaron mantener los valores de las tarifas a los precios actuales, y así suspender los ajustes, que ya habían sido anticipados por las compañías.
“De Vido se dio cuenta de que un nuevo aumento de celulares era una locura”, aseguró el director de la ONG Consumidores Responsables, Henry Stegmayer.
Consideró “buena la decisión de De Vido de frenar el aumento, pero ahora sería bueno que frenen la estafa en la que a diario incurren las empresas y dispongan el fraccionamiento de las llamadas, como también la declaración de la telefonía celular como Servicio Público”.
La asociación plantea que declarar la telefonía móvil como Servicio Público implicará establecer un régimen de protección “al más débil, que es el usuario”.
“Y obligará a las empresas a someterse a un marco regulatorio que asegure los caracteres de todo servicio público: esto es generalidad, uniformidad, regularidad, obligatoriedad y continuidad”, indicó la ONG.
Para Stegmayer, “el sistema de facturación actual es una lisa y vulgar estafa porque nos cobran por un servicio que no nos prestan”.
“Esta resolución deberá contener además la devolución de los montos mal cobrados en los últimos diez años”, reclamó.
Las compañías de telefonía celular habían arrancado el año con aumentos de entre el 10 y el 15 por ciento en los servicios que ofrecen a sus clientes.
Esta semana, Movistar informó que tenía previsto aumentar un 9,5% los precios del minuto de aire local, los SMS y los restantes servicios, a partir de marzo.
Esta empresa ya había ajustado sus precios a fines del año pasado, junto a las otras grandes operadoras del sector, Personal y Claro.
Personal había anunciado un incremento de los precios para sus clientes prepagos (el 68 por ciento del total de sus usuarios), a hacerse efectivo el 18 de marzo próximo.
En tanto, Claro anunció un ajuste en sus tarifas a fines de diciembre, pero los nuevos precios comenzaron a llegar con las facturas de este mes.
Esa compañía había informado el 28 de diciembre que aumentaba un 16 por ciento el costo de las llamadas y los mensajes de texto prepagos.
En conjunto, estas tres compañías aplicaron tres aumentos con un acumulado de un 30% para algunos servicios, a lo largo del año pasado.
La decisión de frenar las subas se produce días después de que el Gobierno aplicara multas por casi 372 mil pesos a las empresas prestadoras de telefonía móvil por deficiencias en el servicio y errores en la facturación.
Fuente:NA
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