La Sociedad Rural Argentina (SRA) consideró una “aberración jurídica” al decreto que declaró la nulidad del predio ferial de Palermo en 1991 y advirtió que la situación “deberá ser dirimida en los tribunales de la Nación”.

En un comunicado, la entidad rechazó “enérgicamente” lo expresado por el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina al anunciar en Casa de Gobierno el decreto 2552/12.

Asimismo, sostuvo que “la compra del predio fue realizada respetando estrictamente el marco legal vigente y los procedimientos de valuación y venta de activos del Estado” y que “el 80 por ciento del precio ya fue pagado”, al tiempo que calificó de “inexactas” las declaraciones de Abal Medina acerca del pago del remanente.

Para la SRA, “la medida anunciada por el Poder Ejecutivo constituye un claro ataque a la propiedad privada, un avasallamiento a los derechos plasmados en nuestra Constitución Nacional y es también una fuerte agresión al campo en su conjunto”.

“La venta directa -dispuesta en 1991- estuvo encuadrada en las disposiciones aplicables a propiedades históricamente ocupadas y utilizadas por instituciones existentes”, sostuvo, para agregar que la operación “incluía obligaciones y restricciones significativas”.

Al respecto, indicó que “la Sociedad Rural Argentina se comprometió legalmente a construir modernas y avanzadas instalaciones para ferias internacionales, las que están hoy a la vista. Ellas requirieron cuantiosas inversiones que superaron los cien millones de dólares. Además, se obligó a conservar y a rehabilitar los pabellones históricos y a ceder una parte de la recaudación al gobierno nacional, que fue siempre cumplida”.

“El precio de venta fue el correcto y se determinó bajo todas estas circunstancias. El 80 % del precio ya fue pagado. El saldo remanente por el pago del predio fue informada por el jefe de Gabinete con cifras absolutamente inexactas”, aseguró la entidad.

En el comunicado también se subrayó que “esta medida se enmarca dentro de un sistemático ataque a nuestra institución que debe interpretarse como un ataque al sector productivo en general y al campo en particular”.

“Esto se enmarca también en acciones como el cierre de las exportaciones de carne, la intervención al Mercado de Hacienda de Liniers, la suba de las retenciones a los granos, y la Resolución 125, para citar sólo algunas de las cuantiosas y agresivas medidas que se tomaron”, indicó.