jueves, 21 de abril de 2011

Los chicos y los sindicalistas van por más.


Editorial del 16 de abril sde 2011
Otra vez en defensa del patrimonio de los trabajadores
Por JUAN SALINAS BOHIL
 La Argentina política, económica y social, en mucho se parece a los programas televisivos de la tarde y noche en que se crean y cierran con velocidad pasmosa incontables peleas y reconciliaciones varias. Es poco probable que algún televidente pueda hoy estar en condiciones de recordar cuál fue el escándalo que ayer conmovió a los promocionados conductores de esos programas los que, difícilmente, puedan memorizar lo que sucedió anteayer en el estudio televisivo en donde contribuyen a incrementar la distracción y el olvido general.
Tal vértigo es similar a los sucesos de la llamada vida democrática en donde es difícil que alguien recuerde cuando sucedió el bloqueo a "Clarín", el arribo de un exhorto de la justicia suiza que compromete al líder de la CGT y a empresarios de la recolección de residuos, el intento de acallar a Vargas Llosa en la apertura de la Feria del Libro, la usurpación del Parque Indoamericano, los insólitos choques de trenes a plena luz del día, la quita de los agentes policiales federales de los hospitales comunales por parte del ministerio de Seguridad, los sucesivos incumplimientos de órdenes judiciales por parte de ese organismo y por último, en una larga lista de escándalos-olvidos, la acusación de la titular de ese ministerio a la tropa que comanda de estar emparentada con la corrupción, la droga y la extorsión a comerciantes.
Todo lo anterior, salvo lo del Parque Indoamericano, se dio en un lapso que no alcanza a dar la vuelta a la esquina. Y a tamañas recordaciones podríamos agregar episodios como el de aquella ministro de Economía que olvidó una bolsa repleta de dinero en el baño de su despacho, el de la empresa sueca Skanska a la que se le comprobó que entregó 118 boletas apócrifas a 23 empresas fantasmas o irregulares, el avión que cargó aquí 940 kilos de cocaína y fue descubierto en España, el robo en un arsenal del Ejército de más de 400 fusiles FAL, 5 ametralladoras MAC y 5 ametralladoras pesadas calibre 12,7, la desaparición en los medios de prensa de algún comentario acerca de un señor de apellido Jaime, o la evaporación en pleno vuelo de un helicóptero gubernamental con un piloto que por lo visto anda escaso de padres, esposa, hijos, amigos, parientes, gremio o seguro que lo reclamen. Tantos acontecimientos presentados sin solución de continuidad afectan también nuestra mente debido a que ignoramos la causas por las cuales insistimos en recordarlos.
Vista la actual situación, podría inferirse que el grado de perturbación de los habitantes cercanos al Obelisco, bombardeados las 24 horas del día por noticias provenientes de la radio, la televisión e internet, alcanzaría niveles alarmantes. Una última medida vuelve a corroborar lo dicho porque el gobierno acaba de anunciar que mediante un decreto presidencial de necesidad y urgencia, ampliará la participación de los representantes estatales del ANSES en los directorios de las compañías privadas en donde tiene acciones para "defender el patrimonio de los trabajadores". La decisión puede catalogarse como lo que en Economía se conoce como "Compra hostil", es decir, la adquisición de parte o todo el paquete accionario de una empresa sin contar con el beneplácito de sus actuales dueños que nunca pensaron tener a un gobierno como accionista.
Los decretos de mucha necesidad y aún más urgencia del Ejecutivo, como este último que ignora la ley de estatización de las AFJP que prohíbe la ampliación del número de representantes oficiales en la conducción de las empresas, fueron incorporados a la Carta Magna en 1994, merced al aberrante pacto que llevaron adelante Raúl Alfonsín y Carlos Menem.
Por supuesto que hay mucha tela que cortar en este nuevo despropósito del modelo "nacional y popular" que se impone a la población. No obstante, que un gobierno argentino diga que actúa en defensa de los trabajadores parece una humorada más de las tantas que periódicamente lanzan los funcionarios del tipo "no hay inflación sino acomodamiento de precios" o "quienes afirman que hay inseguridad, mienten".
La jubilación obligatoria es uno de los principales medios de financiación de los gobiernos que usan sin tapujos ese dinero para dar rienda suelta a sus desvaríos. Pero semejante accionar no podría llevarse a cabo sin la participación del Banco Central cuyos directores han sido y son especialistas en permitir la degradación de la moneda a través de la inflación la que, por si se ha olvidado, carcome el valor de la moneda y por ende, la remuneración de los pasivos.
A este robo se le suma el constante achatamiento de la pirámide jubilatoria a través de distintas disposiciones que han logrado que aquellos jubilados que más han aportado en su vida activa cobren mucho menos, y quienes no lo han hecho o aportaron en menor escala cobren mucho más de lo que les corresponde. A estas dos metodologías de sustracción se le debe sumar las llamadas jubilaciones de privilegio que deberían ser consideradas inadmisibles en una república. Por ellas, los integrantes de la nomenclatura pueden, con sus altos sueldos, jubilarse con sumas mayores a las de los demás mortales o con menos años de aportes que los demás.
Pero hay más. Cuando el gobierno dice que "defiende el patrimonio de los trabajadores", en realidad debería decir de la mitad de ellos porque el otro 50% no realiza aportes. Tal "defensa" se realiza con la complacencia de la CGT oficialista, porque al autorizar el saqueo de los actuales fondos jubilatorios y al apoyar la política inflacionaria del "modelo", contribuye también a perjudicar la futura rentabilidad de los aportes realizados por la mitad de los trabajadores argentinos que realizan sus tareas en la legalidad. La jubilación debería ser, como el sufragio, optativa, para evitar que los funcionarios sigan dilapidando dinero que no les pertenece.
Mientras, los empresarios fabriles han hecho sentir su molestia por la decisión gubernamental de aumentar el número de directores estatales en las empresas privadas en que el Estado posee acciones. Al parecer, estaban convencidos que, por haber sido tan buenos socios con la Casa Rosada durante siete años, no iban a correr la misma suerte que militares, policías, curas, artistas, periodistas, chacareros y cuanto sector pudo ser individualizado en este tiempo por el oficialismo como opositor o freno del "modelo". Se equivocaron.
El archivo de CORREO DE BUENOS AIRES reboza de notas donde se hace referencia a la presencia de los grandes empresarios fabriles aplaudiendo a rabiar durante y después de los soliloquios presidenciales dados en la Casa de Gobierno o en el quincho de la Quinta de Olivos. Ahora se quejan de la inseguridad jurídica y del cambio de las reglas de juego como si no tuviesen conocimiento del país en el que viven.
Los chicos y los sindicalistas van por más. Que no teman. Es para defender el patrimonio de los trabajadores.

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