Rosario:Sindicalistas a juicio.

CASO ATILRA

Domingo, 20 de Noviembre de 2011 11:18

Procesaron a referentes sindicales y sociales El Juzgado de Instrucción Nº 5, a cargo de María Luisa Pérez Vara, dictó el procesamiento de dirigentes sindicales y políticos en el marco de la causa que investiga los hechos del 3 de diciembre de 2008, cuando la conducción nacional del gremio ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) intentó copar la sede local de sindicato. El fallo apunta la responsabilidad sobre el homicidio de Héctor Cornejo, quien cayó herido de bala en Rioja al 3400, sobre las autoridades de ATILRA Rosario y dirigentes políticos y sindicales. Todos ellos habían acudido aquella mañana al acto de repudio por las agresiones físicas propinadas a los obreros de SanCor una semana antes. Los representantes legales de los procesados ya iniciaron las apelaciones correspondientes. 3 de Diciembre de 2008: Llega la patota atacante, la policía observa y permite. Ahora procesaron a los manifestantes agredidos (Indymedia Rosario).- Rosario, 17 de noviembre de 2011 (Indymedia Rosario).- Curioso. Ese es el primer calificativo que merece el fallo de la jueza Pérez Vara. Como cuenta el representante legal de los referentes de ATILRA Rosario, Federico Garat, tras un año y medio de "estar parada" la causa por los hechos del 3 de diciembre de 2008 y haber presentado numerosos escritos y pedidos de prueba a los que no se dieron lugar, llegó el procesamiento. Una medida particular, caratulada bajo el delito de homicidio y lesiones en riña. Medida que no sólo no alcanza a nadie vinculado con el grupo que, con palos en mano y remeras amarillas al cuerpo, desembarcó aquella mañana en Rosario, sino que no hay una sola medida que investigue la inacción policial que permitió el enfrentamiento de ambos sectores gremiales, sobre cuyo eje hay sobrados testimonios en los vistos del fallo. El comportamiento de las fuerzas de seguridad de la provincia fue tan notoria que se transformó en un dato significativo en la cobertura de prensa que se le dio al hecho a nivel nacional. La mañana del 3 de diciembre de 2008, se realizaba un acto en la sede gremial de los lecheros en San Luis e Iriondo, seccional que no compartía la práctica política de la conducción nacional. El 27 de noviembre una patota de 300 personas había ingresado al depósito local de Sancor a golpear a los delegados y referentes lácteos rosarinos. El grupo agresor estaba encabezado por una guardia pretoriana de patovicas que llevaban remeras negras, que hacían de fuerza de choque del Secretario General de ATILRA Nacional, Héctor Ponce. Aquel mediodía frente al sindicato, se hizo presente un amplio arco de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, políticas, barriales, que azorados oían el relato de cómo la gerencia de SanCor había abierto las puertas del hoy cerrado depósito local para permitir el ingreso de la patota, que había desatado una auténtica cacería persiguiendo por los pasillos a los activistas locales. Un amplio cordón policial rodeaba la zona a raíz de una denuncia presentada por las autoridades locales de ATILRA, quienes habían denunciado al Ministerio de Seguridad de la Provincia que el Secretario General de ATILRA Nacional, Héctor Ponce, estaría organizando un nuevo desembarco en Rosario, con el objeto de generar hechos de violencia y copar la sede gremial local. Cerca de las 12 horas empezó el caos. Un grupo de 900 personas vestidas de amarillo, marchando desde el Patio de la Madera, se aproximó con palos y cadenas en manos por Iriondo, al canto de "si esto no es ATILRA, ATILRA dónde está". Doblando la esquina, los lácteos locales identificados con indumentaria verde se alinearon para impedir el paso, ante una fuerza policial que en los informes remitidos a la justicia dice haber "desplazado formación". Para varios de los que prestaron testimonio, ese término es un eufemismo para no plantear que la policía eligió correrse y dejar vía libre al enfrentamiento, describiéndolo como una suerte de "corralito policial". Así, quienes fueron a solidarizarse a un acto se encontraron de repente inmersos en uno de los hechos de violencia sindical más importantes de las últimas décadas. El saldo de aquella fatídica jornada fue un muerto y una decena de heridos. Quien recibió el disparo fatal fue Héctor Cornejo, tesorero de ATILRA Córdoba, quien cayó a casi 300 metros del lugar donde habían chocado "los verdes" y "los amarillos". Esto despertó determinadas hipótesis, particularmente la de una pelea interna entre los integrantes de la patota sindical de la conducción nacional de ATILRA, luego de la fallida toma de la sede sindical. Algunas de las versiones surgidas en los primeros momentos iban en esta dirección. Sin embargo, en la causa nunca se investigó a nadie fuera de los manifestantes agredidos. El fallo apunta directo a quienes estaban participando del acto de repudio frente a la sede sindical de San Luis e Iriondo. Pérez Vara decidió procesar a Raúl Cazón, quien según la policía habría sido visto portando un arma y se lo acusa de "homicidio y lesiones en riña agravadas por el empleo de arma de fuego y portación de arma de guerra sin autorización legal"; Angel Tardini, trabajador lácteo, quien tiene el cargo de "homicidio y lesiones en riña agravadas por el empleo de arma de fuego"; Edgardo Barbero, quien era Secretario Administrativo de ATILRA Rosario y Víctor Vega, Secretario General del gremio local, ambos acusados de "homicidio y lesiones en riña agravadas por empleo de arma de fuego y tenencia de arma de guerra sin autorización legal". Pero, además de estas personas, fueron procesados por el mismo cargo que Tardini, el referente de la Corriente Clasista y Combativa, Eduardo Delmonte y Carlos Ghioldi, referente de empleados de comercio y del supermercado autogestionado y Centro Cultural La Toma. La jueza fundamenta el procesamiento de Barbero y Vega en las declaraciones de los agresores, y el de Ghioldi y Delmonte en que estaban simplemente presentes en el acto de repudio (al igual que los otros doscientos manifestantes). A todos, además, se les trabó un embargo de $5000 sobre sus bienes. Los abogados defensores ya presentaron las apelaciones correspondientes al fallo y esta semana se sabrán los avances de las mismas. Según el Código Penal, el homicidio en riña se da al haber una gresca tumultuaria en la que "intervienen más de dos personas y donde se entremezclan los papeles de víctima y victimario, siempre con un resultado fatal, sin que pueda determinarse con exactitud cuáles fueron los actos de cada uno de los actores". Así se reparten las culpas entre los participantes, que en el caso de este delito tiene una pena de 2 a 6 años. Resulta al menos extraño que en este caso siquiera uno de los que desembarcaron aquel 3 de diciembre en Rosario dirigidos por el secretariado nacional de ATILRA haya sido procesado junto a los mencionados. Por su parte, los agresores parecen haber alcanzado algunos de sus objetivos: la semana posterior al brutal ataque, Ponce intervino la seccional y, dos semanas más tarde, la disolvió. Sin defensa sindical, los trabajadores de SanCor Rosario -los mismo que habían sido agredidos el 27 de noviembre de 2008- fueron despedidos y a pesar de emprender una larga lucha, la empresa cerró la sucursal.