La alquimia financiera del gobierno de Cristina.

El Gobierno ya trabaja a toda máquina
	Apenas cayó el telón del 2010 en la Cámara de Diputados, por la falta de quórum para discutir el presupuesto 2011, los técnicos de la Secretaría de Hacienda comenzaron a trabajar a toda marcha para preparar el andamiaje jurídico y contable con el cual se moverá la administración Kirchner el año próximo. Por Miguel Ángel Rouco (*)
La primera medida que se tomará a partir de diciembre será el cierre financiero anticipado del ejercicio 2010, con el objeto de evitar que se efectúen pagos, sobre las partidas de este año que en la mayoría de las jurisdicciones se encuentran subejecutadas. Con esta medida, ya efectuada en otras oportunidades durante la década del ’90, se permitirá engrosar los saldos contables de las partidas, al momento del cierre del ejercicio, de manera de contar con mayores recursos -contables, no financieros-, a la hora de conformar los saldos iniciales de 2011. Al comando de esta tarea se encuentra el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezzoa, quien utilizará como antecedentes toda la batería de decretos dictados durante la gestión de Domingo Cavallo en el Palacio de Hacienda. La ley de Administración Financiera estipula que en caso de no aprobarse el presupuesto, el Poder Ejecutivo dispondrá de una prórroga que debe ser la de los créditos presupuestarios vigentes al 31 de diciembre de 2010, es decir no la ley de Presupuesto original sino con todas las modificaciones introducidas. En lo que va del año hubo ampliaciones y modificaciones de partidas por 18.500 millones de pesos, por medio de dos decretos de necesidad y urgencia, setenta decisiones administrativas y los especialistas esperan otro “gran DNU” antes de fin de año que ponga los refuerzos sobre las partidas de 2010 que serán los saldos iniciales de 2011. Esto sumado a los superpoderes y a la ley de Emergencia Económica le otorga al Poder Ejecutivo una amplia discrecionalidad en el manejo de los recursos, el año próximo, cuando se definan las instancias electorales. Estas medidas obligan a extremar los cuidados ya que pueden activar un peligroso detonador del gasto público como son los residuos pasivos, un mecanismo que permite trasladar al ejercicio venidero todos los compromisos asumidos por las jurisdicciones, pero aún no ejecutados. En otras palabras, pasan al ejercicio siguiente los compromisos de gasto aún cuando fueran ejecutados. Desde el punto de vista contable, serán imputados al ejercicio que finaliza pero desde el punto de vista financiero -la caja-, impactarán en 2011. Este mecanismo de utilización de los residuos pasivos genera y potencia un incremento del gasto, ya que activa, por un lado, una propensión a comprometer erogaciones que podrían haberse evitado, y por otro lado al diferir los pagos hacia el año siguiente se activan los reclamos de los proveedores y contratistas del Estado por intereses y mayores costos. La ley de Administración Financiera había derogado a la vieja ley de contabilidad pública que permitía los residuos pasivos y le ponía una cota al gasto al eliminar los saldos de las partidas presupuestarias no ejecutadas. Pero los Kirchner, con su política de dispendio y paga nadie, reflotaron los residuos pasivos como una manera de incrementar el gasto público con fines proselitistas. Ahora, ante la falta de presupuesto y con superpoderes está asegurado el festival de gasto de cara a las elecciones de 2011. Si con un ritmo de aumento del gasto al 40 por ciento mensual, la inflación trepó a casi el 30 por ciento, en 2011, la inflación entra en un mundo imaginario. Del otro lado, los analistas se preguntan cómo se va a financiar esto y todas las miradas confluyen hacia el Banco Central. Mientras, la presidenta de la autoridad monetaria, Mercedes Marcó del Pont, insiste en que la emisión de billetes no genera inflación. Sin embargo, el Tesoro requerirá mayores remesas de fondos del BCRA. Así, el gobierno obliga al BCRA a girarle pesos por el crecimiento de la base monetaria, a girarle las ganancias por la colocación de las reservas y le echa mano a las reservas para el pago de la deuda pública, achicando severamente su activo. Por otro lado, el gobierno obliga al BCRA a mantener el tipo de cambio al borde de los 4 pesos, para lo cual, la entidad debe aumentar la emisión de pesos, para comprar la avalancha de dólares que ingresan al país y debe aumentar la emisión de LEBAC y NOBAC para absorber parcialmente esos pesos, incrementando peligrosamente sus pasivos. En síntesis, cae el activo y sube el pasivo, con lo cual el gobierno hace tambalear el patrimonio neto de la entidad. Otro tanto, ocurre con la pretensión de saldar la deuda con el Club de París. Luego del “cadenazo” oficial, el gobierno sólo ha manifestado su voluntad de cancelar la deuda y de sentarse a negociar con ese nucleamiento. Primero, habrá que consolidar montos adeudados, capital e intereses. Luego habrá que ver que modalidad de pago se acuerda. De acuerdo con el estatuto del Club de París, el deudor deberá pagar sólo con el consentimiento unánime de los 19 países miembros. Si se paga, al contado o dentro del mismo ejercicio, la deuda quedará saldada. Pero si la deuda es renegociada para ser cancelada en plazos, el Club de París exige que el deudor adopte un programa contingente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el lapso que dure la refinanciación. Sin embargo, y antes de acceder a un programa contingente del FMI, el organismo deberá realizar una evaluación y una auditoría de la situación económico-financiera del país deudor para lo cual deberá llevar adelante una inspección como la del Artículo IV si es que el país deudor aún no la solicitó. Sólo con estas condiciones el país deudor podrá refinanciar la deuda con el Club de París. De todos modos, la administración Kirchner cuenta con el decreto 1.394/2008, aún vigente, mediante el cual el Poder Ejecutivo ordenó afectar las reservas del BCRA para el pago de la deuda con el Club de París, afectando aún más la solidez de la autoridad monetaria. Sólo falta apretar el detonador... (*) Periodista y analista político