La promulgación de la Ley Antiterrorista.

FUERTE RECHAZO A LA LEY ANTITERRORISTA

EL GAFI PRESIONÓ PARA OBTENER ESTA NORMA QUE ES LA MÁS POLÉMICA QUE SE PROMULGÓ DURANTE EL KIRCHNERISMO.

La promulgación de la Ley Antiterrorista Se promulgó la Ley Antiterrorista por decreto de Cristina Fernández junto a las firmas de Juan Manuel Abal Medina y Julio Alak. De ahora en más, a estar precavidos, porque en cualquier momento algún juez, fiscal o policía tendrá la ocurrencia de interpretar lo que el gobierno dijo que no se iba a interpretar.  Más allá de los cuestionamientos de organismos de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación mantuvo un sorprendente mutismo ante una norma que pone en serio riesgo las garantías constitucionales y los Derechos Humanos en la Argentina. Una ley que fomenta la inflación punitiva con mayores penas, lo que se traduce en más gente privada de libertad, cuando continúa sin ser política de Estado la resolución de la grave crisis carcelaria. Luego de pasados los efluvios por el décimo aniversario de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, tampoco se dijo nada sobre los crímenes cometidos durante esas jornadas por parte de agentes estatales. A decir verdad, el flamante jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, formuló declaraciones en una muestra fotográfica, manifestando que esos  hechos no debían repetirse nunca más. Y estuvo bien. Pero un gobierno no puede limitarse a formular declaraciones sobre lo acontecido, sino que debe generar política para incidir en el acontecimiento, transformarlo, dar una respuesta, dotarlo de la significación política, jurídica e institucional que el asunto merece. Y los hechos de esos días trágicos, sin duda, merecen una por demás atenta mirada.   Insisto entonces: sobre los crímenes del 19 y 20 de diciembre, el gobierno nacional está en deuda, tanto porque no puso empeño en sancionar la ley de reparación a las víctimas –como sí lo puso para aprobar la llamada norma “antiterrorista”–, que fue presentada en el Congreso de la Nación hace ocho años y que aún continúa en los cajones de algunos despachos legislativos. Además de ello, días atrás el gobierno, a través del director de Derechos Humanos en lo Contencioso Internacional de la Cancillería, Jorge Salgado, contestó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) sobre una denuncia presentada por una de las víctimas, Jorge Ismael Portillo. La respuesta del gobierno nacional se limitó a pedir a la CIDH que declare inadmisible la denuncia, por la que se requiere que se juzgue a los responsables del crimen y se repare a la víctima. En diciembre de 2001, Jorge Portillo tenía 20 años. Era jugador de fútbol y estaba esperando celebrar un contrato para viajar a Europa. La noche del 19 había ido a ver a su novia, que, como él, vivía en el barrio de Saavedra. Cuando salió de la casa vio cómo de unos patrulleros se bajaban varios policías que comenzaron a disparar sus armas contra un grupo de personas cerca de un supermercado.Atemorizado, trató de ocultarse detrás de un árbol, pero cayó al suelo al ser alcanzado por un disparo policial. Jorge estará en una silla de ruedas de por vida porque el proyectil dañó su médula. La Policía Federal Argentina informó en el proceso penal que luego de la denuncia presentada por el padre de Portillo, una de las armas de los policías que intervinieron en el hecho había sido robada. En conclusión, luego de un par de años de investigación, y habiendo escuchado a los testigos decir que la bala que hirió a Portillo había salido de un arma policial, el juez Rodolfo Cresseri archivó la causa porque no contaba con una de las armas. Eso sí, ordenó a la Policía Federal poner todo su empeño para encontrarla, lo que, desde luego, sin ninguna duda, habrá sucedido, pero nadie se enteró. En su respuesta a la CIDH, el gobierno dijo que el cierre de la causa penal fue responsabilidad de Portillo y de su abogado –quien suscribe–. Para esta argumentación sostuvo que no se había agotado la vía interna en materia de recursos. Esto es falso y además se citaron leyes como vigentes cuando en realidad fueron derogadas.  Portillo recurrió todas y cada una de las decisiones judiciales, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó el cierre del proceso, con la excepción del juez Eugenio Zaffaroni, que, dándole la razón a Portillo, dijo que debía continuarse con la investigación. Pero aun en el supuesto de que Portillo y/o su abogado no hubieran agotado los recursos –es sólo una suposición, porque sí lo hicieron–, el Estado tenía y tiene la obligación, a través de sus jueces y fiscales, de sostener la investigación y de dar una respuesta a una víctima del accionar ilegal estatal.  La Convención Americana habla de un recurso sencillo y rápido para quienes son víctimas de un accionar de esa naturaleza. En cambio, el gobierno argentino sostuvo lo contrario, abstrayéndose de cumplir con sus obligaciones internacionales, como la de velar por el derecho a la justicia de las víctimas e investigar a fondo el crimen perpetrado por agentes estatales.  Con su voto, el juez Zaffaroni dejó en claro que esa obligación estatal es indelegable e irrenunciable. Paradójicamente, con la nueva ley, los manifestantes del 19 y 20 podrían ser tildados de “terroristas” por parte de jueces y fiscales, y por los mismos que en esos días dejaron el tendal de muertos y heridos. Por Rodolfo Yanzón Abogado- Fundación Liga por los Derechos Humanos Fuente: Tiempo Argentino Más información: http://tiempo.infonews.com/ ---------------------------------------------------------- Miles de personas marcharon a la Plaza de Mayo en rechazo a la Ley Antiterrorista Movimientos sociales, organizaciones de Derechos Humanos y el sector de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que responde a Pablo Micheli, se manifestaron ayer en la Plaza de Mayo en rechazo a la Ley Antiterrorista aprobada por el Congreso la semana pasada y promulgada por el Ejecutivo el miércoles.  “Esta ley es la legalización de la represión sobre la protesta social, a partir de ahora todos estamos sospechados de terroristas”, afirmó Micheli a la cabeza de la nutrida columna de manifestantes que comenzó en la Avenida 9 de Julio, atravesó Avenida de Mayo y culminó frente a la Casa Rosada. Participaron de la protesta el Partido Obrero (PO), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Proyecto Sur, Libres del Sur, el MAS, la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR) y representantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, encabezadas por Nora Cortiñas. Bajo las leyendas “La huelga es un derecho, no es una extorsión” y “Los terroristas son ellos, abajo el imperialismo”, cientos de personas participaron a las 18 del acto central. “Esta ley no se condice con la situación del país y amenaza la paz, porque la protesta social debe ser respetada”, sostuvo Cortiñas. Además, estuvieron los ex candidatos presidenciales Alcira Argumedo (Proyecto Sur) y Jorge Altamira (PO), la dirigente del MST Vilma Ripoll y Myriam Bregman. “La CTA tiene que estar en la calle contra esta ley y seguiremos con otras acciones. Pedirle a Cristina que la vete es ya imposible, pero ojalá la Corte Suprema de Justicia sí la anule”, apuntó en tanto, Micheli. Fue la culminación de una jornada donde desde varios sectores, algunos también afines al kirchnerismo, repudiaron la modificación de la Ley 26.734, que implica un agravante de varios artículos del Código Penal en los que se duplica la pena por cualquier delito que sea cometido con el objetivo de “aterrorizar” a la población. Horas antes de la movilización, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini –en su tradicional marcha de los jueves– había reclamado que la ley vuelva a ser discutida. “Me parece que esta ley hay que revisarla un poquito más. Si hay un gobierno facho, la van a aplicar como ellos quieren”, advirtió Bonafini. “Pido que las cosas que no están claras se pongan más claras, porque nosotros sabemos qué es esto de que te acusen de terrorista”, aseguró la dirigente. Desde el oficialismo, en tanto, la presidenta provisional del Senado, Beatriz Rojkés de Alperovich, evaluó que la “oposición ha malinterpretado” los alcances de la norma y “algunas declaraciones desafortunadas” han “profundizado ese malentendido”, en alusión a los dichos de José Sbatella, titular de la UIF. Hasta los intelectuales de Carta Abierta, alineada con el oficialismo, se mostraron “sorprendidos y preocupados” por la sanción de la Ley Antiterrorista por considerarla “contradictoria con el espíritu democrático del proyecto nacional”.  Por Gabriel Morini Fuente: Tiempo Argentino Más información: http://tiempo.infonews.com/ -------------------------------------------------------------- En defensa de la ley El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, resaltó los proyectos de ley que el oficialismo consiguió sacar en las últimas sesiones de 2011 incluyendo la ley antiterrorista, cuestionada por la oposición y organismos de derechos humanos. En la ley, explicó Rossi, “claramente quedan absolutamente afuera de cualquier tipo de calificación” vinculada con el terrorismo “la protesta social o la libertad de expresión o de prensa”. En cambio, subrayó, “no queda afuera algún tipo de delito económico”. “Lo que hemos hecho es tomar un camino procesal al definir el delito de terrorismo. No hemos querido hacer una definición cerrada de terrorismo, para crear un nuevo delito, sino que nos hemos basado en el siguiente criterio: sobre los delitos existentes, que están en la parte general del Código, aquellos delitos que cometen y que generan algún tipo de desestabilización en el funcionamiento de las instituciones en Argentina, pueden ser incluidos dentro de la categoría de terrorismo”, indicó. Fuente: Página 12