MEXICO
>
>
> Editorial de LA JORNADA
>
> El secuestro y posterior asesinato del líder comunero Trinidad de la
> Cruz ?ocurridos entre el martes y ayer en localidades de la costa
> michoacana?, así como el levantón ?en el trayecto de Petatlán a Tecpan
> de Galeana, en el estado de Guerrero? de los activistas campesinos
> Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, todos ellos integrantes del
> Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), son los eslabones
> más recientes de una cadena de agresiones en contra de activistas de esa
> organización. Apenas el pasado 6 de octubre, en Santa María Ostula,
> Michoacán, fue asesinado a tiros el comunero Pedro Leyva Domínguez,
> quien se desempeñaba como integrante de la Comisión por la Defensa de
> los Bienes Comunales y de la Guardia Comunitaria, y como representante
> del MPJD en ese municipio michoacano. Menos de dos meses después, el 28
> de noviembre pasado, Nepomuceno Moreno Núñez fue abatido en Hermosillo,
> Sonora, tras haber recibido amenazas anónimas por parte de presuntos
> policías estatales.
>
> La lista, sin embargo, no se circunscribe a integrantes del citado
> movimiento: hace casi dos años ?en enero de 2010? fue asesinada la
> activista juarense Josefina Reyes, quien desde 2008 emprendió
> movilizaciones por la desaparición de uno de sus hijos, y el hecho marcó
> el inicio de una cadena de agresiones contra varios miembros de su
> familia. En diciembre de ese mismo año, Marisela Escobedo, madre de una
> joven asesinada, fue ultimada de un balazo frente al palacio de gobierno
> de Chihuahua. Y apenas el viernes pasado, Norma Andrade, dirigente de la
> organización humanitaria Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue herida de
> gravedad a las afueras de su domicilio.
>
> Este cúmulo de asesinatos y ataques, en conjunto con la falta de
> capacidad de las autoridades para esclarecerlos y sancionarlos, hacen
> inevitable sospechar que, con el telón de fondo de la violencia desatada
> a raíz de la ?guerra contra el narcotráfico?, el país asiste a una
> cacería de activistas sociales, de defensores de derechos humanos y de
> ciudadanos que han decidido alzar la voz y reclamar justicia. Es difícil
> concebir que todas las agresiones referidas sean producto del azar; por
> el contrario, pareciera que conllevan un mensaje ominoso dirigido a los
> sectores de la sociedad que se han movilizado por la pacificación del
> país y la justicia para las víctimas y sus deudos, que han criticado la
> estrategia de seguridad en curso y que hoy, con la muerte de algunos de
> sus integrantes, ven confirmadas sus advertencias en forma
> particularmente trágica.
> Ante el quebranto generalizado del estado de derecho que tiene lugar en
> amplias franjas del territorio, y frente a los indicios de lo que
> pudiera ser una campaña de eliminación de activistas, luchadores
> sociales, integrantes de comunidades indígenas, defensores de derechos
> humanos y ambientalistas, los gobiernos de los distintos niveles,
> empezando por el federal, no pueden mantenerse en la línea argumentativa
> de que la estrategia actual de combate al crimen organizado es la
> adecuada y que no debe, por tanto, ser modificada: la continuidad en las
> agresiones comentadas exhibe el carácter contraproducente de la política
> de seguridad en curso. Se ha puesto en evidencia que las autoridades no
> son capaces de dar protección, cuando menos, a aquellos sectores de la
> sociedad a los que han erigido como sus propios interlocutores.
>
> En lo inmediato, es responsabilidad insoslayable de los gobiernos
> estatales y federal investigar las muertes y agresiones referidas. En
> caso contrario, cobrará fuerza la percepción pública de que dos de los
> saldos nefastos de la actual estrategia de seguridad pública ?además de
> los más de 50 mil muertos y de una creciente descomposición
> institucional? son la ampliación de los márgenes de maniobra para la
> eliminación de activistas políticos y sociales, y el retroceso del país
> a escenarios de masivas violaciones a los derechos humanos.
>
>
> Editorial de LA JORNADA
>
> El secuestro y posterior asesinato del líder comunero Trinidad de la
> Cruz ?ocurridos entre el martes y ayer en localidades de la costa
> michoacana?, así como el levantón ?en el trayecto de Petatlán a Tecpan
> de Galeana, en el estado de Guerrero? de los activistas campesinos
> Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, todos ellos integrantes del
> Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), son los eslabones
> más recientes de una cadena de agresiones en contra de activistas de esa
> organización. Apenas el pasado 6 de octubre, en Santa María Ostula,
> Michoacán, fue asesinado a tiros el comunero Pedro Leyva Domínguez,
> quien se desempeñaba como integrante de la Comisión por la Defensa de
> los Bienes Comunales y de la Guardia Comunitaria, y como representante
> del MPJD en ese municipio michoacano. Menos de dos meses después, el 28
> de noviembre pasado, Nepomuceno Moreno Núñez fue abatido en Hermosillo,
> Sonora, tras haber recibido amenazas anónimas por parte de presuntos
> policías estatales.
>
> La lista, sin embargo, no se circunscribe a integrantes del citado
> movimiento: hace casi dos años ?en enero de 2010? fue asesinada la
> activista juarense Josefina Reyes, quien desde 2008 emprendió
> movilizaciones por la desaparición de uno de sus hijos, y el hecho marcó
> el inicio de una cadena de agresiones contra varios miembros de su
> familia. En diciembre de ese mismo año, Marisela Escobedo, madre de una
> joven asesinada, fue ultimada de un balazo frente al palacio de gobierno
> de Chihuahua. Y apenas el viernes pasado, Norma Andrade, dirigente de la
> organización humanitaria Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue herida de
> gravedad a las afueras de su domicilio.
>
> Este cúmulo de asesinatos y ataques, en conjunto con la falta de
> capacidad de las autoridades para esclarecerlos y sancionarlos, hacen
> inevitable sospechar que, con el telón de fondo de la violencia desatada
> a raíz de la ?guerra contra el narcotráfico?, el país asiste a una
> cacería de activistas sociales, de defensores de derechos humanos y de
> ciudadanos que han decidido alzar la voz y reclamar justicia. Es difícil
> concebir que todas las agresiones referidas sean producto del azar; por
> el contrario, pareciera que conllevan un mensaje ominoso dirigido a los
> sectores de la sociedad que se han movilizado por la pacificación del
> país y la justicia para las víctimas y sus deudos, que han criticado la
> estrategia de seguridad en curso y que hoy, con la muerte de algunos de
> sus integrantes, ven confirmadas sus advertencias en forma
> particularmente trágica.
> Ante el quebranto generalizado del estado de derecho que tiene lugar en
> amplias franjas del territorio, y frente a los indicios de lo que
> pudiera ser una campaña de eliminación de activistas, luchadores
> sociales, integrantes de comunidades indígenas, defensores de derechos
> humanos y ambientalistas, los gobiernos de los distintos niveles,
> empezando por el federal, no pueden mantenerse en la línea argumentativa
> de que la estrategia actual de combate al crimen organizado es la
> adecuada y que no debe, por tanto, ser modificada: la continuidad en las
> agresiones comentadas exhibe el carácter contraproducente de la política
> de seguridad en curso. Se ha puesto en evidencia que las autoridades no
> son capaces de dar protección, cuando menos, a aquellos sectores de la
> sociedad a los que han erigido como sus propios interlocutores.
>
> En lo inmediato, es responsabilidad insoslayable de los gobiernos
> estatales y federal investigar las muertes y agresiones referidas. En
> caso contrario, cobrará fuerza la percepción pública de que dos de los
> saldos nefastos de la actual estrategia de seguridad pública ?además de
> los más de 50 mil muertos y de una creciente descomposición
> institucional? son la ampliación de los márgenes de maniobra para la
> eliminación de activistas políticos y sociales, y el retroceso del país
> a escenarios de masivas violaciones a los derechos humanos.
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