martes, 20 de diciembre de 2011

El proyecto de Ley Antiterrorista que tratará esta semana el Senado argentino después de recibir media sanción en la Cámara de Diputados genera hoy controversias con organismos de derechos humanos y legisladores de la oposición.

ARGENTINA

Ley antiterrorista genera controversia en Argentina

  Buenos Aires, 20 dic (PL)

  La ley que propone el oficialismo busca criminalizar la protesta social para convalidar el saqueo de todos nuestros recursos, y esconde la recolonización de Argentina y Latinoamérica por parte de las empresas extranjeras, sostuvo el diputado y líder de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas.

Solanas anunció en una conferencia de prensa ofrecida ayer que el bloque de legisladores de esa fuerza junto a varios organismos de derechos humanos, entre estos Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), lanzarán una campaña para luchar por la impugnación de ese proyecto legislativo.

Por su parte, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel consideró que la urgencia con que la Cámara baja aprobó la ley anti-terrorista y anti-democrática tiene que ver con las imposiciones de Estados Unidos para asegurar sus inversiones financieras y el control de los movimientos sociales. El proyecto de ley adolece de claridad y puede ser usado para impedir los reclamos sociales. Me parece semejante a las leyes de impunidad durante el Gobierno de (Ricardo) Alfonsín, de "punto final y obediencia debida", que votaron los legisladores sin pestañear, advirtió.

En un comunicado difundido aquí el viernes último, Pérez Esquivel señaló que en el texto no se dice una palabra sobre el "terrorismo económico" y tampoco clarifica quiénes son terroristas y cuáles los parámetros para determinar los que atentan contra la seguridad del pueblo.

Si se aprueba la ley -alertó- pueden ser acusados los indígenas que luchan por el derecho a sus territorios y los obreros cuando reclamen sus derechos laborales; es decir, es una ley que viola los derechos humanos de la persona y los pueblos.

Por su parte, el ministro de Justicia, Julio Alak, insistió ayer en que la propuesta del Ejecutivo solo pretende adecuar la legislación argentina a los estándares internacionales.

La calificación de terrorismo "no debe generar temor" en las organizaciones sociales, pues "está muy claro que no deben ser  criminalizadas las protestas sociales", argumentó ante los integrantes de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

Alak consideró lógico que este punto genere discusión y preocupación, pues ni siquiera la Organización de las Naciones Unidas pudo caracterizar fehacientemente qué es terrorismo, señaló.

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En el mismo debate, aunque con el respaldo de varios bloques de la oposición, el oficialismo también logró dar media sanción a la creación de nuevos tipos penales para el castigo de delitos bursátiles y económicos. Acto seguido, se aprestaba a aprobar una iniciativa de reforma de la ley penal tributaria, que apunta a agilizar el trabajo de los juzgados.

El proyecto de ley antiterrorista -que obtuvo 134 votos a favor, 90 en contra y dos abstenciones- es una respuesta de la Casa Rosada a observaciones sobre la actual legislación argentina hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal foro intergubernamental para la prevención y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Mientras que hoy sólo están penados de manera específica los actos de organizaciones terroristas de alcance internacional, la iniciativa oficial propone incorporar un nuevo agravante para todos los delitos del Código Penal por el que se duplica la pena de cualquier delito que sea cometido con la finalidad de "aterrorizar" a la población o para "obligar a las autoridades públicas nacionales o extranjeras a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo". Se aclara que la agravante no es aplicable a ninguna acción que esté basada en el ejercicio de derechos constitucionales, sociales o humanos.

"Con esta ley se intentan cumplir parámetros internacionales en materia de lucha contra el terrorismo. Y nos hemos preocupado de que no pueda ser usada para castigar a los que peticionan ante las autoridades", dijo, en la apertura del debate, el kirchnerista Oscar Albrieu, presidente de la Comisión de Legislación Penal.

Uno tras otro, los diputados de la oposición que intervinieron en el debate, advirtieron que, al margen de las intenciones del oficialismo, la amplitud e imprecisión de la norma podría posibilitar el encarcelamiento de protagonistas de protestas sociales. Lo mismo había sostenido un grupo de organizaciones entre las que está el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

"Por la sanción de leyes como la que se quiere aprobar hoy, en Chile se encerró a dirigentes mapuches que reclamaban por sus tierras", alertó el diputado radical Manuel Garrido.

El diputado del Frente Peronista Gustavo Ferrari aclaró que no pensaba que el Gobierno intentara castigar la protesta social, pero sostuvo que, para evitarlo, era preferible condenar el terrorismo por medio de un tipo penal específico en el que se definiera más claramente qué era un acto terrorista. Según Victoria Donda (Frente Amplio Progresista), "para las organizaciones sociales que luchan por sus derechos es una ley de terror, no una ley antiterrorista".

El debate lo cerró el presidente del bloque kirchnerista, Agustín Rossi. "Venimos a proponer este proyecto con la legitimidad que nos da no haber reprimido ni haber criminalizado la protesta social durante ocho años", sostuvo.

LOS PROYECTOS


Ley antiterrorista incorpora un nuevo agravante para todos los delitos del Código Penal por el que se duplica la pena de cualquier delito que sea cometido con la finalidad de "aterrorizar" a la población, o para "obligar a las autoridades públicas nacionales o extranjeras a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo".
Lavado Se pena el uso indebido de información privilegiada de las empresas que cotizan en Bolsa, la manipulación de valores negociables, la captación no autorizada de ahorros públicos y el cohecho financiero.
Código Penal Tributario Se actualizan los montos para los casos de evasión.

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