Según informaron fuentes judiciales, “La jueza federal María Servini de Cubría solicita nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el periodo comprendido entre el 17 julio de 1936 y 15 junio de 1977, en el marco de la investigación abierta por crímenes cometidos durante el régimen de Francisco Franco.”
El exhorto incluye: mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española y certificados correspondientes en caso de fallecimiento.
Las mismas fuentes agregaron que “La información incluye: personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo.”
Además aclaran que “Se investiga los crímenes del franquismo iniciada a instancias de un grupo de familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países.”
Servini de Cubría había archivado las actuaciones de acuerdo con un dictamen de la Fiscalía según el cual tales crímenes fueron o son investigados por la justicia española, lo que dio lugar a una apelación de la parte querellante.
La Cámara Federal declaró nula la decisión de la magistrada y aceptó la petición de la querella en septiembre del año pasado.
Entre las demandas que se encuentran en los tribunales de Buenos Aires figuran: las de Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo, y las de Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936, e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.
En abril de 2010, Rivas y García encabezaron la querella ante los tribunales federales argentinos por genocidio con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.
A la demanda se agregaron 17 nuevos casos de víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 represaliados por la dictadura en Galicia, identificados en una investigación realizada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años.
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