ARGENTINA
El PC afirma que la ley 26.268 es una rémora de los tiempos de las ?relaciones carnales? con el imperialismo norteamericano. Y rechaza el proyecto del Poder Ejecutivo enviado el 13 de octubre al Parlamento.
El Partido Comunista reitera su propuesta de derogar la ley denominada ?antiterrorista? nº 26.268, verdadera rémora de los tiempos de las ?relaciones carnales? con el imperialismo norteamericano y se pronuncia en contra del proyecto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo el 13 de octubre, ya que agrava el contenido antidemocrático y represivo de aquella ley al establecer la duplicación de las penas contempladas en la misma. Junto a ese rechazo, el Partido Comunista propone abrir un amplio debate sobre la necesidad de adecuar el Código Penal a los valores proclamados de respeto irrestricto de los derechos humanos e integración latinoamericana.
El 13 de octubre, el Poder Ejecutivo de la Nación, envió al recinto legislativo un proyecto de agravamiento de la llamada ley antiterrorista 26.268; sancionada -contra la opinión mayoritaria de los organismos de derechos humanos y numerosas fuerzas populares- en 2007, so pretexto de cumplir con requerimientos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), uno de los organismos de la órbita del Fondo Monetario Internacional, potenciados luego de la declaración de guerra ?al terrorismo? por parte del gobierno de los EE.UU. Precisamente en momentos en que dichos organismos son denunciados por su responsabilidad en la severa crisis mundial capitalista con sus consecuencias antipopulares y por ello repudiados por amplios sectores sociales de Europa, Asia y América Latina y algunos gobiernos, entre los que se encuentra el argentino, encabezado por Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Fue la lógica de la lucha contra el terrorismo, concepto ambiguo y peligroso en que se basa la Ley, lo que en su momento permitió la expulsión del país de seis campesinos paraguayos que desde entonces permanecen encerrados en pésimas condiciones en la Cárcel de Tacumbú de Asunción del Paraguay. La experiencia de todo el siglo XX, desde la sanción de la tristemente célebre Ley de Residencia 4144 de 1902 hasta la nefasta Ley 20840 de ?Seguridad Nacional?, nos enseñó en carne propia que nunca es gratuito sancionar una ley basada en una lógica represora y macartista: los espacios democráticos comienzan a reducirse, las fuerzas derechistas y nostálgicas del Terrorismo de Estado se envalentonan y los jueces conservadores y anticomunistas sienten que cuentan con un instrumento de control social y represión que podrán usar en el momento que la situación lo amerite y las condiciones lo permitan.
El actual proyecto del Ejecutivo se autocritica de no haber sido más drásticos en la Ley del 2007, y al proponer duplicar las penas lo hace de un modo tal que modifica la ?parte general? del Código Penal por lo que la reforma propuesta ?teñirá? todos los delitos contemplados en la ?parte especial?. Para ser precisos: proponen modificar el artículo 41, añadiéndole un párrafo, el 5º, que establece el doble de la pena prevista si el delito se considera cometido por una organización terrorista, con lo que se sigue haciendo a nuestro Código Penal cada vez más inequitativo (las penas por participar en un reclamo social que sea calificado como producto de una ?asociación ilícita terrorista?, figura creada por la Ley 26268 del 2007 serán superiores a muchos delitos como por ejemplo el de homicidio simple), generando una secuencia de judicialización y criminalización de la protesta social, lo que podría provocar una sobre saturación de la población carcelaria, haciendo entrar en crisis una estructura que se mantiene al margen de los cambios habidos en las Fuerzas Armadas y atentaría contra la doctrina de no reprimir la protesta social; por el contrario, las cárceles podrían convertirse en espacios de violaciones, discriminaciones, humillaciones y la más sistemática negación de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en los innumerables Pactos Internacionales firmados por la Argentina.
En su momento, el Gobierno Nacional convocó a un conjunto de académicos y personalidades relevantes del Derecho Penal a pensar una propuesta integral para superar casi un siglo de vigencia de un Código basado en una lógica clasista, sexista, represora y macartista, agravado por más de ochenta reformas parciales inconexas que culminaron en las reformas Blumberg. Dicha propuesta conocida por el nombre del penalista que coordinó el trabajo, el Dr. Baigun, fue retirada del debate al primer ?clarín? de protesta de la derecha.
Por lo tanto, el Partido Comunista considera imprescindible abrir el debate a la sociedad, a los organismos de derechos humanos y movimientos sociales, a las fuerzas políticas democráticas para avanzar en dirección a una superación del Código Penal vigente, a la derogación de una legislación heredada de los tiempos de la Guerra Fría, como la doctrina de la Seguridad Nacional y terminar con los enfoques represores neoliberales, ahora potenciados por la doctrina plasmada en el Acta Patriótica de 2001 sancionada por el Gobierno de los EE.UU. como declaración de guerra contra los pueblos que se rebelen total o parcialmente a su dominio.
La práctica de asesinar, inclusive en territorio neutral o después de su rendición, a todo tipo de opositores reales o potenciales de los Estados Unidos (Cano, Reyes, Ben Laden, Khadafi, entre muchos miles de víctimas anónimas) anuncia que esta estrategia está llegando al momento de su transformación en una práctica sistemática y masiva de Terrorismo de Estado mundial. En consecuencia, subordinar nuestro Código Penal a esa lógica sería suicida para la democracia argentina y los propios objetivos de soberanía e integración regional proclamados por la Presidenta Cristina Fernández al momento de su asunción para cumplir con el nuevo mandato otorgado por la mayoría de nuestro pueblo.
El PC afirma que la ley 26.268 es una rémora de los tiempos de las ?relaciones carnales? con el imperialismo norteamericano. Y rechaza el proyecto del Poder Ejecutivo enviado el 13 de octubre al Parlamento.
El Partido Comunista reitera su propuesta de derogar la ley denominada ?antiterrorista? nº 26.268, verdadera rémora de los tiempos de las ?relaciones carnales? con el imperialismo norteamericano y se pronuncia en contra del proyecto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo el 13 de octubre, ya que agrava el contenido antidemocrático y represivo de aquella ley al establecer la duplicación de las penas contempladas en la misma. Junto a ese rechazo, el Partido Comunista propone abrir un amplio debate sobre la necesidad de adecuar el Código Penal a los valores proclamados de respeto irrestricto de los derechos humanos e integración latinoamericana.
El 13 de octubre, el Poder Ejecutivo de la Nación, envió al recinto legislativo un proyecto de agravamiento de la llamada ley antiterrorista 26.268; sancionada -contra la opinión mayoritaria de los organismos de derechos humanos y numerosas fuerzas populares- en 2007, so pretexto de cumplir con requerimientos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), uno de los organismos de la órbita del Fondo Monetario Internacional, potenciados luego de la declaración de guerra ?al terrorismo? por parte del gobierno de los EE.UU. Precisamente en momentos en que dichos organismos son denunciados por su responsabilidad en la severa crisis mundial capitalista con sus consecuencias antipopulares y por ello repudiados por amplios sectores sociales de Europa, Asia y América Latina y algunos gobiernos, entre los que se encuentra el argentino, encabezado por Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Fue la lógica de la lucha contra el terrorismo, concepto ambiguo y peligroso en que se basa la Ley, lo que en su momento permitió la expulsión del país de seis campesinos paraguayos que desde entonces permanecen encerrados en pésimas condiciones en la Cárcel de Tacumbú de Asunción del Paraguay. La experiencia de todo el siglo XX, desde la sanción de la tristemente célebre Ley de Residencia 4144 de 1902 hasta la nefasta Ley 20840 de ?Seguridad Nacional?, nos enseñó en carne propia que nunca es gratuito sancionar una ley basada en una lógica represora y macartista: los espacios democráticos comienzan a reducirse, las fuerzas derechistas y nostálgicas del Terrorismo de Estado se envalentonan y los jueces conservadores y anticomunistas sienten que cuentan con un instrumento de control social y represión que podrán usar en el momento que la situación lo amerite y las condiciones lo permitan.
El actual proyecto del Ejecutivo se autocritica de no haber sido más drásticos en la Ley del 2007, y al proponer duplicar las penas lo hace de un modo tal que modifica la ?parte general? del Código Penal por lo que la reforma propuesta ?teñirá? todos los delitos contemplados en la ?parte especial?. Para ser precisos: proponen modificar el artículo 41, añadiéndole un párrafo, el 5º, que establece el doble de la pena prevista si el delito se considera cometido por una organización terrorista, con lo que se sigue haciendo a nuestro Código Penal cada vez más inequitativo (las penas por participar en un reclamo social que sea calificado como producto de una ?asociación ilícita terrorista?, figura creada por la Ley 26268 del 2007 serán superiores a muchos delitos como por ejemplo el de homicidio simple), generando una secuencia de judicialización y criminalización de la protesta social, lo que podría provocar una sobre saturación de la población carcelaria, haciendo entrar en crisis una estructura que se mantiene al margen de los cambios habidos en las Fuerzas Armadas y atentaría contra la doctrina de no reprimir la protesta social; por el contrario, las cárceles podrían convertirse en espacios de violaciones, discriminaciones, humillaciones y la más sistemática negación de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en los innumerables Pactos Internacionales firmados por la Argentina.
En su momento, el Gobierno Nacional convocó a un conjunto de académicos y personalidades relevantes del Derecho Penal a pensar una propuesta integral para superar casi un siglo de vigencia de un Código basado en una lógica clasista, sexista, represora y macartista, agravado por más de ochenta reformas parciales inconexas que culminaron en las reformas Blumberg. Dicha propuesta conocida por el nombre del penalista que coordinó el trabajo, el Dr. Baigun, fue retirada del debate al primer ?clarín? de protesta de la derecha.
Por lo tanto, el Partido Comunista considera imprescindible abrir el debate a la sociedad, a los organismos de derechos humanos y movimientos sociales, a las fuerzas políticas democráticas para avanzar en dirección a una superación del Código Penal vigente, a la derogación de una legislación heredada de los tiempos de la Guerra Fría, como la doctrina de la Seguridad Nacional y terminar con los enfoques represores neoliberales, ahora potenciados por la doctrina plasmada en el Acta Patriótica de 2001 sancionada por el Gobierno de los EE.UU. como declaración de guerra contra los pueblos que se rebelen total o parcialmente a su dominio.
La práctica de asesinar, inclusive en territorio neutral o después de su rendición, a todo tipo de opositores reales o potenciales de los Estados Unidos (Cano, Reyes, Ben Laden, Khadafi, entre muchos miles de víctimas anónimas) anuncia que esta estrategia está llegando al momento de su transformación en una práctica sistemática y masiva de Terrorismo de Estado mundial. En consecuencia, subordinar nuestro Código Penal a esa lógica sería suicida para la democracia argentina y los propios objetivos de soberanía e integración regional proclamados por la Presidenta Cristina Fernández al momento de su asunción para cumplir con el nuevo mandato otorgado por la mayoría de nuestro pueblo.
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